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La Comisión Ocasional Aampetra, que investigó casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, aprobó, con cinco votos, el informe de resultados de su trabajo desplegado durante un año. El documento lo conocerá el Pleno este jueves, 11 de octubre, en el marco del Día Internacional de la Niña.
El documento incluye los casos que se conocieron en la mesa, que fueron 70; el seguimiento a las actuaciones de las instituciones del Estado, con competencia en este tema; los logros alcanzados; conclusiones y recomendaciones.
La presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, informó que el 100 % de los expedientes, que corresponde al sistema educativo y fuera de este, se derivaron a la Fiscalía.
Según el informe, la mesa ha logrado que las instituciones competentes realicen acciones concretas para evitar que los casos queden en la impunidad y las víctimas reciban la atención necesaria para la protección y reparación de sus derechos.
Después del seguimiento de la Comisión, en el sistema educativo se registra el inicio de 37 procesos sancionatorios y los restantes están en proceso de evaluación. También se han intervenido a 10 instituciones educativas.
En el informe consta, además, que de la información entregada ninguna de las víctimas contaba con atención para la protección y reparación de sus derechos. Sin embargo, el seguimiento realizado permitió que, en la actualidad, el 66 % cuente con apoyo psicológico y aclara que existe un 34 % que no recibe atención, pero las instituciones del Estado han intentado contactar al 100 % de víctimas.
La Comisión incluyó un apartado sobre la investigación de casos en unidades educativas de carácter religioso y determinó la falta de un registro, que impide transparentar la magnitud de esta problemática y que el Estado cuente con estadísticas para establecer políticas. El Ministerio de Justicia informó que existen 15 personas privadas de libertad, que pertenecen a distintas órdenes religiosas.
De acuerdo con la Comisión, el clero maneja con secretismo los casos de violencia sexual cometidos por sus sacerdotes. En el informe se señala que la Secretaría de la Comisión solicitó información, pero la Conferencia Episcopal Ecuatoriana respondió que no podían entregarla y que debían solicitarla directamente a la Congregación de la Doctrina de la Fe, órgano colegiado de la Santa Sede.
La Comisión realizó el control político a nueve instituciones, entre ellas, los ministerios de Educación, Justicia, Salud e Inclusión Económica y Social. Desarrolló informes, que incluyeron recomendaciones que debían aplicar para superar las deficiencias detectadas y dar una respuesta mucho más efectiva para combatir esta problemática y atender, proteger y reparar los derechos de las víctimas.
La evaluación de la mesa también fue normativa y llegó a la conclusión que se requieren hacer cambios al Código de la Niñez, Código Penal, Ley de Educación Intercultural, entre otras, para que el combate a la violencia sexual sea efectivo.
Conclusiones
Como conclusiones, la Comisión indica que el trabajo de esta mesa permitió romper el círculo del silencio, visibilizar la impunidad, evidenció conductas negligentes y omisiones en la aplicación de la norma, débil gobernanza en este tema, entre otras.
Como recomendaciones, plantea conformar una Comisión de la Verdad, integrada por asambleístas, expertos en derechos humanos y representantes de las víctimas, para que documente e investigue las 7.531 denuncias de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que se encuentran en la Fiscalía
