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En la sesión 491 del Pleno de la Asamblea, de 27 de diciembre de 2017, se conformó la Comisión Especializada Ocasional para Atender los casos de Personas Desaparecidas, la cual designó como su presidente al asambleísta Absalón Campoverde, quien ha vivido y vive en carne propia este tipo de circunstancias ya que desde el 7 de julio de 2012 desconoce el paradero de su hija, Juliana.
Entre sus primeras acciones, la mesa, construyó el proyecto de Ley para tipificar como delito la desaparición involuntaria en el Código Penal, también exigió de las autoridades sacar un registró estadístico único a nivel nacional y se acercó a la Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas y otros organismos especializados, a fin de que su experiencia contribuya a enrumbar, de mejor manera, la tarea.
Hasta el momento, la comisión ha receptado más de 300 testimonios de familiares de personas desaparecidas. Según Campoverde, las opiniones de los allegados coinciden en que los principales nudos críticos están en la Fiscalía, donde se evidencia falta de sensibilidad y respuestas inmediatas ante las denuncias. Así mismo el cambio constante de fiscales hace que el proceso se estanque por seis meses hasta que el nuevo responsable analice la documentación.
Aclaró que la mesa no tiene una acción de investigación, sino su misión es de acompañamiento de cada caso y su tratamiento en las diferentes instancias y entidades, tratando de darles cierta tranquilidad a los familiares, quienes pasan por verdaderos dramas humanos, incertidumbre, impotencia, buscando la verdad.
Precisó que la Fiscalía y la Policía han formulado cifras específicas sobre estos casos, pero difieren con los datos que manejan las organizaciones sociales vinculadas a la temática, al enfatizar que el Viceministro del Interior expuso que habrían 42 mil personas desaparecidas entre los años 1970 a 2017, que el 96 % está resuelto, quedando pendiente alrededor de 1.600 casos.
Finalmente, Absalón Campoverde dijo que la mesa seguiría firme en la linea de recibir a la ciudadanía y preparar una ley marco, en el objetivo de dotar a los administradores de justicia y a la población de las herramientas legales para enfrentar esta problemática.
