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Los criterios y aportes de colectivos, amigos y familiares de personas desaparecidas fueron considerados por la Comisión instalada para tratar la Ley Orgánica de Actuación Integral en caso de Personas Desaparecidas, de autoría de la Fiscalía General del Estado.
Estos representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas y Muertes Violentas (Desendor), el Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Femicidios (Covidefem) cuestionaron la propuesta de ley y enfatizaron en que la prevención es fundamental para evitar desapariciones, así como sensibilizar a la ciudadanía en la problemática, involucrando a la sociedad y el Estado en un trabajo coordinado.
Pamela Chiriboga (Asfadec) considera que el contenido del proyecto del gremio referente a la investigación, localización y búsqueda de personas desaparecidas en Ecuador, debe ser la base para la formulación de la normativa sobre la materia. Pues se trata de una propuesta construida por y para las víctimas, presentado en marzo de 2018.
A criterio de Chiriboga, el documento de la Fiscalía no responde a la problemática de forma estructural e integral y no incluye la participación de las víctimas.
El asambleísta Absalón Campoverde aclaró que todos los insumos son importantes y que la mesa implementó recientemente la fase de socialización y recepción de aportes. Precisó que el informe del proyecto responderá a las inquietudes de todas las personas, organizaciones, colectivos y la ciudadanía.
Mientras Carlos Ávalos, abogado representante de Desendor, quien sufre la desaparición de su padre, Marco Antonio Ávalos desde 2005, aseguró que el proyecto de la Fiscalía si bien define un sistema institucional de búsqueda de personas, no establece, de manera clara y concreta la creación del sistema. ¿Cómo funcionaría? ¿Bajo qué entidad estará la vigilancia? ¿Tendrá autonomía financiera? ¿Personería jurídica propia? El documento trata sobre la desaparición forzada, pero insistió en que deja de lado la situación de personas extraviadas.
Erika Escorza, abogada especialista en derechos humanos, activista de derechos de la naturaleza, participó como asambleísta por un día. Destacó la necesidad que la academia y desde las aulas salgan ideas respecto del caso de desaparecidos. Se mostró partidaria que la ley sea fruto del amplio consenso con los familiares, amigos y víctimas.
