Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
QUITO. La Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional solicitó la comparecencia del Consejo de la Judicatura en la sesión 28 del jueves 25 de abril de 2019, para que exponga de manera documental y en el ámbito de sus competencias toda la información relacionada con el cumplimiento de las observaciones de la Comisión AAMPETRA, e informe detalladamente acerca del estado de los procesos de los casos denunciados de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
La Comisión AAMPETRA realizó las siguientes recomendaciones: El Sistema Automático de Trámite Judicial ecuatoriano (SATJE) deberá incorporar alertas y tratamientos especiales a los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como de demoras y archivos.
En los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el Consejo de la Judicatura deberá evaluar la actuación de los funcionarios judiciales en los casos que fueron archivados, otorgaron medidas alternativas a la prisión preventiva o se dictó sobreseimientos.
El Consejo de la Judicatura junto a la Fiscalía General del Estado establecerán un protocolo específico para la recepción y trámite de denuncias de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, para agilizar y priorizar su tratamiento.
El Consejo de la Judicatura debe garantizar los principios de especialidad y especificidad, los procesos penales de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y la formación de unidades especializadas para el trámite de estos procesos, conforme lo establecen los artículos 81 y 175 de la Constitución de la República. El Ministerio de Finanzas asignará el presupuesto para su cumplimiento. A esto se suma la capacitación y especialización a los servidores judiciales y jueces, entre otros temas.
Frente a las recomendaciones de la Comisión AAMPETRA, el Consejo de la Judicatura, a través de Patricia Esquetini, vocal; y Nelly Jácome, directora de Acceso de Justicia, indicaron que trabajan en el cumplimiento de las observaciones de la Comisión. Cada dirección provincial tiene la obligación de realizar un seguimiento manual de los casos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Conjuntamente con la Fiscalía realizarán un protocolo específico para la recepción de trámites de denuncias. El Consejo de la Judicatura cuenta con un protocolo para la reparación integral de niñas, niños y adolescentes, víctimas de delitos que atenten contra su integridad sexual.
Pilotaje mesas técnicas
El Consejo de la Judicatura aplicará la metodología de las mesas técnicas sobre niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos contra la integridad sexual, en cumplimiento de los principios rectores de la Función Judicial, en especial, el de celeridad y responsabilidad.
Un pilotaje sobre la aplicación de las mesas técnicas se realizará en cinco ciudades del país: Ambato, Cuenca, Quito, Guayaquil y Sucumbíos.
Cifras
Según cifras del Consejo de la Judicatura, entre enero de 2015 a marzo de 2019, han ingresado 4.375 causas sobre delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, de ellos, 3.344 casos fueron resueltas.
Estado de procesos de casos de delitos sexuales
El Consejo de la Judicatura informó acerca del estado de los procesos de los siguientes casos: AAMPETRA, el docente recibió tres sentencias condenatorias por el delito de atentado al pudor (7 años), delito de violación (16 años), por el segundo delito de violación (22 años de privación de libertad).
En el caso Mushuk Pakari se presentó únicamente una denuncia, en la sentencia emitida con fecha 05 de octubre de 2018, se ratificó la inocencia del docente. El Consejo realizará el seguimiento del proceso.
En el caso Aguirre Abad cuatro docentes fueron sentenciados en dos procesos judiciales, en los que se dictó sentencia condenatoria de 17 años y 4 meses, y 29 años 4 meses, respectivamente. Caso Principito se emitió sentencia condenatoria a 22 años de privación de libertad. El docente está prófugo.
En el caso Emmanuel hay una sentencia condenatoria de 4 años de privación de libertad, el sentenciado está prófugo. Caso Carolina Andrango se encuentra en la Fiscalía. Caso CEBI de Ambato, la Defensoría del Pueblo presentó una Acción Extraordinaria de Protección; está en la Sala de Admisión de la Corte Constitucional.
Caso CEBI de Guayaquil, sentencia condenatoria ejecutoriada, por el delito de abuso sexual, con pena privativa de libertad de 5 años. Por no haber cumplido con el pago de reparación integral a las víctimas se ha remitido a Fiscalía, el 23 de noviembre de 2018, para que se investigue por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Caso Academia de Ballet, la Fiscalía no ha formulado cargos y realizará el seguimiento. Caso “Cura” Cordero existen cuatro expedientes fiscales, están en etapa pre procesal, no están en conocimiento de ninguna Judicatura. En el caso Intriago, la Fiscalía solicita el archivo del proceso en fundamento de los artículos 38 y 39 del Código de Procedimiento Penal.
Durante la sesión se presentó el caso Nacho, donde un niño recibió una afectación de orden médico, el abogado José García, solicitó al Consejo de la Judicatura y a la Comisión realizar la verificación del caso, el seguimiento y sí es posible la sanción correspondiente.
Encarnación Duchi, presidenta de la Comisión, agradeció la presencia del Consejo de la Judicatura, también a los representantes de la sociedad civil como la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez, COCASEN, organización que agrupa a diferentes colectivos que trabajan contra el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Respecto al informe, dijo que llama la atención que hayan casos no resueltos, en otros, los victimarios están prófugos, por lo que exige desde la Comisión que los casos de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes no queden en la impunidad.
Además, consideramos que no se ha garantizado la especialidad y especificidad en temas de niñas, niños y adolescentes, por lo que es necesario garantizar estos principios en los procesos penales de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y la formación de unidades especializadas para el trámite, conforme lo establecen los artículos 81 y 175 de la Constitución de la República.
Los legisladores miembros de la Comisión realizaron importantes aportes y observaciones al informe presentado por el Consejo de la Judicatura, donde hay vacíos de información, por ejemplo, el número de sentencias, cuál ha sido la reparación a las víctimas y a las familias, entre otros temas.
