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La Defensoría Pública compareció (30/04/2019) en la sesión No.29 de la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, donde informó sobre el trabajo que desarrolla para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones realizadas por la Comisión AAMPETRA, a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La sesión contó con la participación de representantes de la sociedad civil como la Coalición contra el Abuso Sexual, los colectivos “Viviendo por nuestros derechos” y “Valientes”, de los casos de AAMPETRA y CEBI de Ambato, respectivamente. Dos víctimas sobrevivientes dieron su testimonio y exhortaron a las entidades de Justicia para que los casos no queden en la impunidad, y a la Comisión realizar el seguimiento correspondiente, además, garantizar los derechos a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en la reforma integral a la ley.
Andrea Guerrero, representante de la Defensoría Pública, expuso que una de las recomendaciones de la Comisión AAMPETRA fue dotar de mecanismos de articulación con los sistemas educativo y judicial para conocer los casos y brindar su servicio de patrocinio defensa o asesoramiento, para lo cual, firmaron un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación para conocer los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Desde el 2018, las unidades de atención a víctimas a más de la atención legal brindan los servicios de psicología y trabajo social.
Indicó que la entidad ha participado en la Mesa Interinstitucional “Espacios Libres de Violencia”. Reconocen que en el ámbito judicial es evidente que dentro del proceso legal existen nudos críticos en la atención de los casos y que corresponde a todas las entidades aportar para mejorar el servicio a un grupo de atención prioritaria conforme lo establece la Constitución de la República en su artículo 35.
Los nudos críticos tienen que ver con la prevención, falta de personal y presupuesto, revictimización, carencia de estadísticas reales sobre delitos, reparación y la protección integral a las víctimas; desconocimiento sobre las rutas para la denuncia, una infraestructura deficiente, falta de articulación, entre otros.
Guerrero destacó que la entidad ha desarrollado acciones como campañas de prevención y capacitación en derechos en unidades educativas. La Defensoría está en el proceso de seleccionar personal y especializado para la atención de los casos de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Observaciones
Los representantes de la sociedad civil y legisladores realizaron cuestionamientos al informe de la Defensoría Pública, porque carece de información y estadísticas. Se han registrado 4854 denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, entre el 2015 y 2017, de ese total menos del 20% llegaron a una sentencia, pero qué pasó con el resto de casos, dijo Franklin Samaniego, legislador y vicepresidente de la Comisión.
Encarnación Duchi, presidenta, cuestionó que no hay una articulación de las entidades de justicia para la atención a las víctimas, por ello, hay que rescatar los órganos especializados, además, desarrollar acciones de capacitación, rutas y protocolos para la atención con celeridad de los casos.
El asambleísta Ángel Sinmaleza, expresó que el Estado debe garantizar una justicia especial y específica en los casos donde las víctimas son niñas, niños y adolescentes. “Una justicia lenta no es justicia, más bien conlleva a que los hechos queden impunes”.
