“La realidad de todas es la misma: nos están matando”, por eso no quieren que la ley que se construye para evitar la violencia de género quede en letra muerta, sino que tenga vida y ayude a disminuir las cifras. También quieren que los beneficios de la norma alcancen a otros tipos de violencia y que se incluya en el sistema a las organizaciones comunitarias.
Estos son algunos de los criterios que expresaron los representantes de organizaciones de mujeres, fundaciones y colectivos de Guayas durante la socialización del proyecto de Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, que desarrolló la Comisión Ocasional que investiga este tema.
El presupuesto para aplicar la norma fue una de las preocupaciones de Lourdes Peralta y Marcela Miranda, de la organización Ni una Menos Valdivia. Ellas consideraron que se deben fijar recursos y hacer seguimiento para que se cumplan. Pidieron voluntad política, actuar con justicia y de una manera descentralizada, así como la inclusión de las organizaciones comunitarias en el Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia.
La violencia intragénero y la libertad reproductiva son otras acciones que algunas organizaciones quieren que se incluyan en el proyecto. Al reconocer la primera “se está estableciendo un mecanismo más para que las parejas del mismo sexo puedan tener protección”, según Diana Maldonado, del Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos.
Sobre el alcance de la norma habló Teresa Cervantes, de la Fundación Sepam, quien pidió que se extienda hacia los grupos hetáreos y hacia la diversidad. En cambio, para atender los delitos de violencia que se cuente con juzgados especializados y que en el proceso de juzgamiento se incluya la figura de asistencia protectora, a fin de preservar la salud física y psicológica de la víctima.
Otro de los pedidos fue que se brinde protección de los derechos humanos a las mujeres lesbianas y que se impida la cosificación de la mujer. Además, sugirieron que se revisen procesos administrativos, que no deben estar en la ley y que se incluyan mecanismo para capacitar a los operadores de justicia.
LILA/pv
Dallyana Passailaigue Manosalvas, máster en Gestión Educativa, ingeniera en Ciencias especializada en Marketing.
Asambleísta por Guayas en 2017, 2021 y 2023.
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