Ocho sectores productivos del país expusieron sus puntos de vista respecto a la Ley para la Reactivación de la Producción, en la Comisión de Desarrollo Económico, que estudia la propuesta, calificada como urgente. Esto a fin de formatalecer el debate entre los legisladores.
Una de las preocupaciones fue fijar mecanismos para que crezca el empleo. Katerina Costa, de la Federación de Industriales del Ecuador, resaltó que el proyecto cambia la receta para el crecimiento productivo, que le apunta al sector privado, como generador de empleo.
Girando en ese mismo espectro, Patricio Alarcón y Pablo Arosemena de las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, respectivamente, plantearon que la exoneración del Impuesto a la Renta (IR), que se establece por 10 y 15 años para las áreas industrial e industrias básicas, se extienda a la actividad comercial.
En el debate, los asambleístas consideraron que se debería citar a las autoridades del Ministerio de Finanzas para que expliquen qué alcance tendría esta propuesta.
La liberación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) fue otro de los aspectos que analizaron. Creen que debe ser para cualquier producto o materia prima que se importe y no solo para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión. Y fueron más allá. En el futuro, plantean que se elimine.
La estabilidad y sostenibilidad fiscal también es otro aspecto que apoyaron los dirigentes. Juan Francisco Pozo, del Consejo de Cámaras y Asociaciones de Producción, felicitó la propuesta que establece un período de estabilización fiscal para alcanzar el equilibrio hasta 2021, así como alcanzar un nivel de endeudamiento inferior al 40 % del PIB.
Que se amplíen las zonas de desarrollo, que incluyan a conglomerados, sedes y parques industriales; que se impida que el Estado tome recursos del Seguro Social, que se elimine el anticipo del IR, fueron otros de los elementos que sugirieron se analice en la mesa.
Quienes fueron menos optimistas fueron los representantes de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez; de la Confederación Nacional de la Economía Popular y Solidaria (EPS), Lucía Calderón; y de la Pequeña y Mediana Empresa, Marco Carrión.
Estos portavoces consideraron que a estos sectores solo se los ha tomado en cuenta de manera puntual. Calderón hizo referencia a la propuesta del proyecto para crear un Fondo de Garantías para el fomento productivo, con énfasis en el sector asociativo, pero que “hace falta muchos más (temas) en el proyecto”.
Pidió que se respete el catálogo dinámico productivo para que que el Estado pueda adquirir sus productos, que se viabilice un proyecto de encadenamiento productivo, que se aterrice el modelo de trabajo asociativo y créditos con intereses de un solo dígito.
Para el representante de la Cámara de Agricultura la simplificación de trámites y la facilidad tributaria son claves para reducir los costos de producción y planteó como alternativa que se aplique la tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los insumos y repuestos agropecuarios, entre otras medidas.
Por su parte, Marco Carrión, hizo énfasis en la necesidad de impulsar, con incentivos, los emprendimientos, sobre todo, con base tecnológica.
Los asambleístas mostraron su preocupación por las inquietudes de estos últimos sectores y dejaron en claro que constituyen un importante aporte para el desarrollo del país, por lo que analizarán con detenimiento sus criterios y observaciones.
El legislador, Daniel Mendoza Arévalo,miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, se pronunció respecto al compromiso y oportunidad que tienen los comisionados para econtrar un mecanismo que le permita al Ecuador, incrementar la inversión extranjera y repatriación de capitales; y pueda competir a nivel regional.
Los resultados se verán en dos años
La reactivación del sector de la construcción no será inmediata, tomará unos dos años, advirtió Enrique Pita, de la Cámara de la Construcción. Explicó que ningún proyecto se desarrolla en menos de un año y medio, desde la aprobación hasta la venta, por lo tanto, “cualquier decisión de fortalecer a este sector no puede verse al corto plazo”.
Uno de los beneficios del proyecto para el sector inmobiliario es que no habrá IVA para los servicios de construcción de viviendas de interés social, simplifica trámites y devuelve el IVA a sociedades que desarrollen proyectos de este tipo.
Pero para Pita, no es suficiente. Planteó que las deudas que mantiene el Estado con los constructores puedan canjearse para cruzar obligaciones con el SRI y la Seguridad Social.
Más comparecientes
La Comisión del Desarrollo Económico seguirá receptando más propuestas. A las 16:00 de mañana, 5 de junio, escuchará a las principales autoridades de la Superintendencia de Compañías, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, del Comité Empresarial Ecuatoriano, de la Cámara Nacional de Pesquería, entre otros.
Asambleísta por la provincia de Manabí | Presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control - Fiscalización y Control Político | Alianza PAIS - Movimiento MEJOR. Visita mi Perfil
