Más propuestas continúan llegando a la Comisión del Desarrollo Económico, que estudia el proyecto para el Fomento Productivo, a fin de elaborar el informe para segundo debate.
Algunas son nuevas, como la de los asambleístas Sebastián Palacios y Norma Vallejo. El primero, en defensa de los deportistas y, la segunda, a favor de los trabajadores de la salud.
Tras relatar que en los últimos años se ha bajado el presupuesto para el deporte, Palacios sostuvo que esta actividad no debe ser vista únicamente por su beneficio social, sino también por su aporte a la economía y como generadora de empleo. Y, para fomentar esos beneficios, planteó que su financiamiento no sea solo del sector público, sino que participe el privado, con patrocinio, como ocurre en otros países.
Sugirió que en el proyecto urgente se incluya un artículo para que estos patrocinios formen parte de la deducción del Impuesto a la Renta y que se vea si es para un atleta en específico, para un equipo o para un programa.
De su lado, Vallejo se refirió al pago de horas extras para el personal médico de tres hospitales públicos del país, entre el 2005 y 2006 que, por no presentar los justificativos la Contraloría determinó la devolución de los recursos percibidos, cuyos intereses se han acumulado.
Su pedido fue que esos intereses se los incluya dentro de la remisión que se plantea en el proyecto enviado por el Ejecutivo. Afirmó que los trabajadores están dispuestos a pagar el capital y planteó que los compromisos de pago puedan hacerse en 60 días.
Voz de los trabajadores
Un nuevo sector se sumó a apoyar al sector campesino. El Frente Unitario de Trabajadores, con su presidente José Villavicencio, cree que se les debe incluir en el perdón de intereses, multas y recargos.
Según su criterio, el 70 % de la desocupación laboral se da por la migración de ciudadanos del campo a la ciudad, porque no reciben el apoyo necesario. Pidió que la norma sea equitativa para todos.
Están de acuerdo con que se les libere de ese mismo peso a las pequeñas y medianas empresas, así como a la economía popular y solidaria, pero no a las 215 empresas o grupos económicos grandes.
Aseguró que estos últimos han tenido ganancias en los últimos 10 años y que, sin embargo, sus deudas por intereses, multas y recargos ascenderían a 2.371 millones de dólares.
En todo caso, pidió que se exija a estas empresas que, como contraparte por el beneficio que se les otorga, abran más plazas laborales, que puede ser un 20 % adicional a la planta que ya tienen.
Planteó que todas estas medidas, en ningún caso, signifiquen afectación alguna a los trabajadores en sus utilidades.
LILA/eg
Asambleísta por la provincia de Manabí | Presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control - Fiscalización y Control Político | Alianza PAIS - Movimiento MEJOR. Visita mi Perfil
