Nuevos criterios se suman a la construcción del proyecto de Ley de Salud Mental que se analiza en la Comisión del Derecho a la Salud. Representantes de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, OMS/OPS y de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría, núcleo Pichincha respaldaron el marco legal que está en construcción.
Adrián Díaz, de la OMS/OPS tras felicitar el rigurosos trabajo realizado por la comisión, destacó la importancia que se da al tema de salud mental comunitaria, que honra los compromisos del país de hace más de 30 años. Dijo que la norma permite recopilar aportes técnicos de la mano de las instituciones especialistas. “La corresponsabilidad de las familias es un factor no menor para afinar un buen instrumento”, precisó.
Pablo Jiménez, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría, núcleo Pichincha, recalcó en la importancia de contar con una Ley de Salud Mental. Manifestó que Ecuador está entre los 25 países que no tienen normativa de salud mental. Que se construya un buen instrumento que aborde la promoción, prevención y rehabilitación, como un modelo integral, que considere todos los ámbitos del ser humano porque la salud mental no es algo aislado, necesita de un aporte psicológico, médico y familiar, enfatizó.
Consideró que hace falta hacer ajustes, sobre todo, en lo que refiere al concepto de salud mental, que es muy amplio. Sugirió recoger el aspecto psicológico- sociopolítico y de derechos.
Juan Ayala, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría, reveló que en el país existen de uno a dos psiquiatras por cada 200 mil habitantes. Frente a ello propuso que el Ministerio de Salud impulse becas de postgrado en Psiquiatría.
Daniel Onofa Cárdenas, político guayaquileño y representante de una microempresa, miembro de la bancada de la Izquierda Democrática, integrante de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte. Se caracteriza por su sencillez con humanismo, es por esto que sus proyectos van enfocados hacia las personas más vulnerables y a los microempresarios del Ecuador.
