Con 110 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre la situación de los femicidios en Ecuador, en el que plantean una serie de recomendaciones para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, y garantizar un trato especializado de los casos de femicidio que brinden protección y garantías a los familiares de las víctimas.
En el debate intervinieron 24 legisladores, quienes señalaron que el deterioro institucional del Estado ha generado una cadena de errores en el tratamiento de los casos de femicidio, que facilitan la impunidad y fuga de los victimarios. “Es inaceptable que por errores administrativos se limite la justicia de madres y menores en orfandad”, agregó Sánchez.
Dentro de las recomendaciones del informe, el Pleno exhorta a la Función Ejecutiva a construir un Fondo de compensación, como medio de reparación para los niños, niñas y adolescentes, hijos de víctimas de femicidio, para ser entregado a los más de 600 menores que no pueden acceder al bono establecido en el Decreto Ejecutivo No.696, por no contar con una sentencia ejecutoriada contra el victimario. Además, insta a la Procuraduría General del Estado a emitir el criterio jurídico solicitado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social para resolver la no entrega de bonos.
En el documento se determina responsabilidad política por incumplimiento de funciones de Paola Flores, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, por lo que deberá ser sometida a un procedimiento de fiscalización y control político.
También exhorta a la DINASED a iniciar procesos de evaluación urgente de los elementos que son parte del análisis de la escena del crimen; dar prioridad presupuestaria a la profesionalización de servidores públicos para que cuenten con un alto entrenamiento en perspectiva de género; y, aplicar de manera clara el Protocolo Nacional para Investigar Femicidios y otras Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, el que precisa que toda muerte violenta de mujeres, debe presumirse femicidio.
Finalmente, recomienda profesionalizar y capacitar en procesos con enfoque de género al personal de las instituciones que intervienen en el tratamiento de los casos, tanto de Criminalística, Servicio Nacional de Medicina Legal, Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura.
Daniel Onofa Cárdenas, político guayaquileño y representante de una microempresa, miembro de la bancada de la Izquierda Democrática, integrante de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte. Se caracteriza por su sencillez con humanismo, es por esto que sus proyectos van enfocados hacia las personas más vulnerables y a los microempresarios del Ecuador.
