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El secretario de Inclusión Social del Municipio de Quito, Fernando Sánchez,
presentó sus observaciones al proyecto de Código Orgánico para la Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, durante la sesión No. 23 de la Comisión
que dirige la legisladora Pierina Correa.
El funcionario realizó un resumen de las cifras de niños y adolescentes con
desnutrición, maltrato infantil y vulneración de derechos. “En el 2018, el 22,97% de
niños tenían desnutrición, esta cifra se elevó en el 2021, llegando al 27,2%”, señaló.
Indicó que la nueva normativa debe contemplar una articulación interinstitucional
para asegurar una atención plena, tanto a la niñez y adolescencia, como a
adolescentes infractores privados de su libertad, centrada en la protección,
garantía y restitución de derechos.
Fernando Sánchez aseguró que ningún Consejo Cantonal de Protección de
Derechos (CCPD), procesa la información del subsistema contra violencia, porque
están desconectadas todas las ventanillas de entrada de denuncias. De igual
manera indicó que ninguna Junta Cantonal cuenta con protocolos de referencia y
contrareferencia de casos.
Sugirió que las disposiciones del COPINNA deben ir enfocadas en que los CCPD
funcionen en su totalidad, con un trabajo comprometido de los alcaldes y así
responder a las demandas y ejecutar programas de capacitación permanentes.
Sobre las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia
planteó la necesidad de definir claramente las sanciones por incumplimiento y
falta de seguimiento de casos en situación de vulneración de derechos.
La titular de la Comisión, Pierina Correa, dijo que están trabajando
articuladamente con algunas carteras de Estado, entre ellas, Ministerio de
Inclusión Económica y Social, a fin de conocer proyectos sociales en beneficio de la
niñez y adolescencia.
Así mismo, señaló que han pedido información al Servicio Nacional de Atención
Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores
(SNAI), sobre programas socioeducativos y capacitaciones destinados a jóvenes
infractores para reinserción laboral, pero que no han recibido respuesta favorable
por parte del organismo.
