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Este 24 de noviembre, la Comisión de Protección Integral, recibió a María José Machado, representante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, quien expuso sus criterios técnicos sobre la coparentalidad y preferencia materna; además, Sybel Martínez, representante de Alianza de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, quien explicó criterios técnicos y jurídicos sobre el proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA).
María José Machado informó que en el Distrito Metropolitano de Quito, se reciben al día 300 juicios por alimentos, que 9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido violencia; en esta realidad adversa para las madres se usa la tenencia de los hijos o la patria potestad como un recurso de control o amenaza de los hombres hacia las mujeres.
Además, indicó la experta en Derecho y Género que si la causal del divorcio es el adulterio, cometido por la mujer, el proceso legal será más complejo y lleno de prejuicios sociales, debido a las nomas y prácticas machistas, patriarcales o androcéntricas, con que aún está diseñada la legislación ecuatoriana
Por su parte, Sybel Martínez, representante de Alianza de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, afirma que en las reformas propuestas al Código de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes hace falta definiciones jurídicas operacionales. “En el contexto cultural y social de nuestro país, hay nuevos temas y formas de maltrato”, agregó.
La exposición extrema al uso de tecnologías es un signo de desatención a los niños, niñas y adolescentes. Si ambos progenitores comparten la patria potestad, los dos deben velar por el cuidado y desarrollo de los hijos e hijas, pero la responsabilidad es casi exclusiva de la mujer. La preferencia materna es una acción afirmativa que debe ser también una medida de protección, en caso de violencia intrafamiliar, añadió Martínez.
La asambleísta Dallyana Passailaigue, agradeció la comparecencia de las expertas y resaltó que la preferencia materna debe considerarse siempre que no haya otra opción jurídica. “Las estadísticas presentadas en esta sesión deben hacernos reflexionar: en Quito, 83% de los padres son denunciados por violencia hacia sus hijos e hijas y son los maltratadores que están dentro del núcleo familiar”, resaltó.
