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El 02 de abril, con quórum reglamentario, instalamos la sesión N.º 108 de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social en cumplimiento de la Resolución RL-2023-2025-171 del Pleno de la Asamblea Nacional. El objetivo fue continuar con el proceso de fiscalización integral sobre la afectación ambiental, económica y social provocada por el derrame de petróleo del 13 de marzo de 2025 en El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
La sesión contó con la participación de Viviana Morales, PhD en Derecho y experta en Derecho Ambiental, quien denunció que no se ha determinado aún la cantidad real de barriles derramados y recordó que el Estado tiene la obligación de actuar de forma inmediata. Además, enfatizó que el derecho debe servir para reparar tanto a las personas como a la naturaleza, y alertó sobre el incumplimiento de una orden judicial de abril de 2024 para actualizar el Acuerdo 100-A, clave en los procesos de remediación.
Por su parte, el Subcontralor General del Estado, Carlos Sánchez Cunalata, informó que la Contraloría está ejecutando un examen especial a los planes de operación y mantenimiento del SOTE, como parte de las acciones de control frente al derrame. Recalcó que una vez finalizadas las labores de remediación, se evaluarán responsabilidades conforme a la ley.
Desde la Defensoría del Pueblo, el Coordinador General de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, Rodrigo Varela, detalló las acciones desplegadas por la institución: visitas in situ, exhortos públicos, una investigación defensorial y el monitoreo de los impactos sobre el acceso al agua, la salud, la biodiversidad y los medios de vida tradicionales. Afirmó que continuarán promoviendo la reparación integral.
En la sesión también participó las asambleístas Paola Cabezas y advirtió sobre el impacto que el agua contaminada ha tenido en las actividades rurales de la provincia y exhortó a que el Ministerio de Turismo active un plan de contingencia que favorezca al sector turístico. Además, Mariana Yumbay recordó que los derechos de la naturaleza están consagrados en la Constitución y exigió que las acciones del Estado los respeten y garanticen su cumplimiento.
El presidente de la Comisión, Patricio Chávez, lamentó la reiterada inasistencia de las autoridades del Ejecutivo convocadas, entre ellas los representantes de Petroecuador, Ambiente, Turismo, Agricultura, Inclusión, Riesgos y Economía. “Prometen transparencia, pero rehúyen a los espacios donde deben responder”, señaló.
Desde la Comisión reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la reparación integral a las comunidades afectadas.
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