Objetivo Concretar mecanismos de identificación, seguimiento y garantía de los derechos humanos en el Ecuador desde la Asamblea Nacional.
Sígueme en:
PRONUNCIAMIENTO
Quito, 06 de mayo de 2020
Hace pocos días, hemos recibido con sorpresa la decisión del Gobierno Nacional, de ejecutar un recorte presupuestario de manera inconsulta y unilateral, de casi cien millones de dólares a las universidades del Ecuador.
Medida que de manera directa viola los derechos a la educación de miles de jóvenes y al trabajo en el sistema educativo, en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país.
En tanto el Ejecutivo pagó la deuda externa por más de 324 millones de dólares haciendo caso omiso al pedido de todos los bloques legislativos que solicitaron la suspensión y moratoria de su pago a los acreedores externos a tono con la exigencia de múltiples sectores sociales.
En distintos espacios la Asamblea Nacional ha aportado con propuestas ante la emergencia, todas dentro de un marco de priorización de derechos, protección a sectores vulnerables y justicia social, y entre las posibles salidas a la falta de liquidez y recursos se ha debatido y planteado: Moratoria de deuda externa, Acción de cobro de deuda tributaria a grandes grupos económicos, Contribución por bienes de sociedades en Paraísos Fiscales, entre otras.
Ante esta situación, El Grupo Parlamentario de Derechos Humanos que respalda a las Universidades del país y su Asamblea del Sistema de Educación Superior ASESEC, a las Federaciones y colectivos estudiantiles, a los trabajadores del sector educativo, y a la solicitud de la Defensoría del Pueblo, se pronuncia:
1.- Rechazamos el recorte presupuestario en el sector de la educación por ser violatorio al mandato constitucional pues en el Art. 165 Numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador se establece que, “Declarado el Estado de Excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá: utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a SALUD Y EDUCACIÓN”; además atenta contra el Art. 286, que dispone “los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios”, y contra el Art. 355 que señala que, “El Estado reconocerá a las Universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica…”
2.- Respaldamos la Resolución de la Asamblea del Sistema de Educación Superior ASESEC, y el pedido efectuado por la Defensoría del Pueblo mediante oficio Nro. DPE-DDP-2020-0224O con fecha 03 de mayo de 2020, mediante el cual solicita al titular de la Corte Constitucional, Dr. Hernán Salgado Pesantes, “(…) Se tome en cuenta la información proporcionada en el marco de la atribución de monitoreo de la situación de Derechos Humanos durante la emergencia sanitaria de la Defensoría del Pueblo y que con la celeridad y oportunidad que demanda la situación actual, se dicten las medidas necesarias tendientes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en el Ecuador y el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de cada una de las instituciones del Estado”.
3.- Exigimos al Ejecutivo que, acatando la norma Constitucional, disponga al ente rector del Sistema de Planificación y Sistema Nacional de Finanzas Públicas, SINFIP que se abstenga de dictar medidas presupuestarias y financieras que reduzcan recursos al Sistema de Educación Público del país que comprende la educación inicial, básica, bachillerato y educación superior, así como los proyectos especiales que se desarrollan en los entes rectores de los sistemas, en particular los programas especiales de Bachillerato Internacional, para de esta manera asegurar el derecho a la educación de los sectores prioritarios.
Atentamente:
GRUPO PARLAMENTARIO DE DERECHOS HUMANOS
