Objetivo Concretar mecanismos de identificación, seguimiento y garantía de los derechos humanos en el Ecuador desde la Asamblea Nacional.
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Tras la explicación de los alcances del proyecto de Ley del Programa de Renta Básica Universal y sin Condiciones para la Vida Digna, por parte de Pablo Dávalos, en representación del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, los legisladores precisaron que la participación de todos los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Nacional es fundamental en la construcción de esta propuesta de Ley.
La discusión, de iniciativa de los Grupos Parlamentarios para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos; y, Fronterizo, contó con la presencia de las agrupaciones Parlamentarias por la Erradicación de la Pobreza y cumplimiento de los ODS; por los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes; por los Derechos de las Mujeres y Género; por los Derechos de los Trabajadores; y, el Frente Parlamentario contra el Hambre.
En su exposición, Pablo Dávalos destacó que el Programa de Renta Básica Universal se orienta a la reactivación productiva y la equidad social, aclararó que no es un bono, ni un subsidio. La “renta única universal” se podría emitir a títulos valor (TBC) a través del Banco Central, que beneficiaría a un millón de ciudadanos.
Explicó que una persona, vía internet, se registra en el programa, con números de cédula y celular, para cuya aceptación se tomará en cuenta criterios de prioridad: desempleados, trabajadores de la cultura, mujeres en condiciones de vulnerabilidad y los que están en situación dramática. Una vez admitida, se le acredita 400 dólares, mediante la aplicación del sistema de dinero electrónico, que servirá para una afiliación a la seguridad social, pago de servicios básicos, conectividad a internet y compra de productos en tiendas del barrio. El valor no es acumulable y tiene un mes de vigencia.
“La renta básica es y debe ser considerada una política pública para garantizar el derecho a la vida digna”, puntualizó.
Doris Soliz, presidenta del Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos subrayó que las condiciones de vida digna son parte de los derechos humanos; y, la iniciativa es una respuesta fundamental a la pandemia.
Franklin Samaniego, coordinador del Grupo por los Derechos de los Niños y Adolescentes, se refirió al impacto de la disminución presupuestaria en la política pública, sobre todo en salud y educación, que se cruza con el tema de violencia. Por lo que cree se debe trabajar en un índice de aplicación presupuestaria para el manejo de la política pública. También, considera importante establecer una renta para prevención, atención y reparación de derechos de niñas, niños y adolescentes.
