La Asambleísta por el Azuay, Doris Solíz Carrión, ante las declaraciones de la funcionaria encargada de la Secretaria Anticorrupción del Gobierno, Ing. Dora Ordóñez, ratifica su total compromiso con la ética pública y la transparencia, por lo que anuncia que está dispuesta a mantener las reuniones que sean necesarias con todas las autoridades correspondientes para aclarar el proceso del caso COOPERA durante su administración como Ministra de Inclusión Económica y Social (MIES). Sin embargo, expresa su profunda extrañeza por haber recibido la noticia de una acusación de esta naturaleza, a través de una publicación de twitter y titulares de cierta prensa sin contrastar las versiones y no mediante una notificación oficial, ni tampoco se le ha solicitado información para configurar esta denuncia, lo cual viola el debido proceso y la presunción de inocencia al que tenemos derecho todos los ciudadanos/as. Hubiese sido deseable que la denunciante pida mi versión y sustento de las acciones que acusa y que habría podido aclarar oportunamente con los sustentos que poseo.
Al respecto, la Asambleísta realizó las siguientes puntualizaciones:
1. En el tema de la quiebra –por mala administración de sus gerentes- de la cooperativa COOPERA se me ha querido sistemáticamente acusar sin pruebas, pues cuando fui Ministra del MIES (2012) esta cartera de Estado ya no tenía la competencia sobre el control de las cooperativas. (La ley de Economía Popular y Solidaria LOEPS expedida en mayo 2011, pasa dicha competencia a la Superintendencia de EPS). Inclusive una denuncia presentada fue archivada en el año 2017 por la Corte Nacional de Justicia por no haber pruebas en mi contra. Llama además la atención que habiendo existido Coopera desde el año 2003, ningún ministro/a de los que sí tuvieron responsabilidad en el control de las cooperativas sea siquiera mencionado, lo cual muestra el claro sesgo político con el que se han manejado este tema.
2.- El Liquidador de Coopera en enero del 2014 llamó a un concurso público para la venta de los activos productivos de esta Cooperativa que no solo tenía la parte financiera de ahorro y crédito sino también el negocio en marcha de granjas y tiendas de productos agropecuarios. El avalúo de dichos bienes y negocio en marcha fue realizado técnicamente por la Universidad de Cuenca, entidad de reconocida seriedad y prestigio. Para facilitar la devolución del dinero a todos los acreedores y apoyar a los pequeños productores, el IEPS, instituto destinado por ley al apoyo a los emprendimientos de Economía Popular y Solidaria, adquirió en concurso público y transparente las granjas, activos productivos y el negocio agropecuario de Coopera.
Esta decisión se enmarca en la Constitución y la ley del sector, que ordena al Estado incentivar la EPS, esto es cooperativas, asociaciones, comunidades, sector de producción sin fines de lucro y que en general integran a los sectores sociales de menores ingresos, y por ello como Ministra del MIES aprobé la resolución para que el IEPS participe en el concurso público.
3.- La mencionada ley también dispone como misión del IEPS (Art. 154), el fomento y promoción de las personas y organizaciones de la economía social y solidaria, bajo cuya disposición el IEPS apoya a la cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera y Servicios de Alimentación para Vivir Mejor (Prograserviv) con un contrato de coadministración para el manejo de estos bienes productivos y a través de ello, sacar adelante a aquellos productores que fueron perjudicados con la quiebra de COOPERA. Prograserviv no es una “empresa privada”, como erradamente afirma la funcionaria que hace la acusación, sino es una cooperativa de finalidad social, sin fines de lucro. La Constitución en el art. 283 DIFERENCIA claramente 4 formas de economía: pública, privada, mixta y popular y solidaria. Por lo tanto aclaro que el IEPS no ha beneficiado a ninguna empresa privada sino ha apoyado a una cooperativa, como lo ha hecho desde su creación, a 173 emprendimientos con capital semilla, capital de riesgo, comodatos, etc.
4.- Estos bienes siempre han sido y son del Estado y han servido para apalancar esta cooperativa de productores, en el marco de la ley. Son bienes que constan en los inventarios del IEPS, por lo que mal puede acusarse de peculado, que implicaría desvío de fondos públicos a favor de beneficios privados perjudicando al Estado ecuatoriano. Al contrario, estos bienes estatales continúan como tales y han servido para salvar de la penuria a cientos de pequeños productores perjudicados.
Toda la información legal de este proceso será facilitada a las autoridades competentes, para demostrar que de ninguna manera se ha cometido peculado como equivocadamente afirma la funcionaria denunciante. Tengo la certeza de haber actuado en el marco de la ley y la Constitución y haber apoyado cabalmente a la Economía Popular y Solidaria.
Quito, 5 de noviembre 2019
Asambleísta por la provincia del Azuay | Integrante de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Visita mi Perfil
