La asambleísta por el Azuay Doris Solíz Carrión, defendió el mandato constitucional en cuanto a recursos para educación y salud y alertó esta semana los recortes en la proforma presupuestaria para el año 2020. Mostró su preocupación también porque la ejecución de la inversión pública del presupuesto 2019 no superó el 45%.
Así lo dio a conocer durante la comparecencia del Min. de Finanzas, Richard Martínez, a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que integra la Asambleísta y en la que se debate la proforma para el próximo año.
Durante su intervención, la legisladora Solíz pidió al Min. Martínez una explicación del porqué del bajo nivel de ejecución del presupuesto 2019, donde, según las cifras, en seguridad se ejecutó el 27.4%; en recursos naturales el 50%; en otras instituciones del Ejecutivo, el 32%; para universidades y escuelas politécnicas púbicas, el 28%; mientras que la inversión en salud y educación, mostró una preocupante reducción al 37%.
Así mismo, la legisladora azuaya solicitó una explicación sobre la reducción de personal y salarios en el sector público que ha provocado la salida de funcionarios en educación (27%) y salud (17%) lo que afecta a la ciudadanía en el ejercicio de estos dos derechos.
Pero la reducción de personal en estos ámbitos, señaló la legisladora Solíz, también incumple una norma constitucional que establece que las preasignaciones para Educación y Salud, deben incrementarse año tras año en al menos el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB). “Información comparada entre el presupuesto inicial del año 2019 y la proforma presupuestaria del año 2020 evidencia este incumplimiento”, manifestó la asambleísta.
De igual manera en la comparecencia de la representante de Superintendencia de bancos, la legisladora defendió el presupuesto destinado para la educación superior puntualizó que a la UNAE se le reduce 20 millones de dólares, a la Universidad de Cuenca 9 millones dólares, a las Universidades de la Artes-Universidades Públicas 8 millones de dólares, Escuela Politécnica de Litoral 8.5 millones de dólares, a la Universidad Regional Amazónica 5 millones de dólares “en total entre 2019- y la proforma que se está debatiendo se reducen 140 millones de dólares en relación de la proforma con el codificado 2019.. señaló.
La Asambleísta recordó e insistió que uno de los motivos de esta reducción en áreas tan importantes como; salud y educación es la evasión fiscal que debe ser enfrentada con el cobro de impuestos a los deudores del Servicio de Rentas Internas (SRI). “No es la solución el recorte presupuestario destinado al servicio social y al engrosamiento de las filas del desempleo aumentando inevitablemente el índice de la pobreza en el Ecuador”, puntualizó.
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