Ayer el Pleno de la Asamblea Nacional discutió en primer debate las reformas al COOTAD que incluyen la intención de derogar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Ocupación de Suelo (LOOTUGS) y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (SOT) y el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, los cuales tienen respaldo constitucional y son indispensables para garantizar el derecho a la ciudad, vivienda, integridad y vida.
En este sentido, la asambleísta Doris Soliz se pronunció argumentando sobre la constitucionalidad de la existencia de la SOT y advirtió el peligro que significaría su eliminación. Instó al Pleno para que cuando retome el debate -suspendido por falta de quorum- aplique el control constitucional a las reformas propuestas, sobre todo porque el COOTAD, la LOOTUGS, el SOT y el Consejo y Técnico de Uso y Gestión de Suelo cumplen con la transitoria 9 de la Constitución, que ordenó crear una Ley que regule la descentralización territorial y que frene la especulación del suelo de forma indiscriminada. La eliminación de estos órganos dejaría a la ciudadanía sin instancias que garanticen sus derechos.
En la Comisión de Desarrollo Económico se analizó el proyecto de ley orgánica de turismo comunitario, cuyo propósito es regular, promover y desarrollar este sector, fomentando la participación de las comunidades, de tal manera que los actividad económica que se genere quede 100% en las localidades y que fomente el desarrollo local.
La propuesta de la legisladora Soliz es unificar el proyecto con las reformas que ya trabaja la Comisión y desarrollar un capítulo completo que abarque de manera integral el turismo comunitario. Esta actividad es una forma de vida que corresponde a la manera de organizarse socialmente, en donde las comunidades se ordenan según sus valores y creencias, sus prácticas con derechos y obligaciones colectivas.
La Comisión Especial para Investigar los hechos relacionados con el paro nacional de octubre trabajó para aprobar la metodología de trabajo para el primer trimestre de 2020. Además, acogió el pedido de Doris Soliz para que la Comisión conozca y analice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las responsabilidades del Estado durante el pasado octubre.
El 10 de junio de 2019 entró en vigencia la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos cuyo objetivo es regular su simplificación y beneficiar al ciudadano con el derecho a tener una administración pública eficiente y eficaz; por tal motivo, la asambleísta Doris Soliz fiscaliza su cumplimiento en las entidades del Estado. Se han enviado 11 solicitudes de información sobre su cumplimiento a distintas carteras del Estado, que tendrán 15 días para responder dichos pedidos.
Asambleísta por la provincia del Azuay | Integrante de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Visita mi Perfil
