La Sesión N.° 046 de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social se desarrolló como un acto de responsabilidad institucional y cumplimiento del mandato constitucional que rige la labor legislativa. Constatado el quórum reglamentario, la Comisión se instaló en modalidad virtual a las 11h20, garantizando la legalidad, la transparencia y el correcto desarrollo de sus funciones conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y a los reglamentos internos de la Asamblea Nacional.
El punto único del orden del día fue el avocamiento de conocimiento del proyecto de ley calificado mediante la Resolución CAL-2021-2023-835, emitida el 8 de febrero de 2023 por el Consejo de Administración Legislativa. Dicha resolución califica el “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código de Trabajo para determinar que el 18 de noviembre de cada año sea feriado nacional”, presentado por la asambleísta Lucía Shadira Plasencia Tapia.
Durante la sesión se dio lectura íntegra a la resolución del CAL, en la que se detallan los fundamentos constitucionales y legales que sustentan la calificación del proyecto, así como su remisión a esta Comisión especializada para iniciar el trámite correspondiente. Este acto marcó el inicio formal del análisis legislativo, reafirmando que el avocar conocimiento no constituye una aprobación del contenido, sino el cumplimiento de un procedimiento obligatorio dentro del proceso parlamentario.
Una vez conocido el proyecto, la Presidencia de la Comisión dispuso el inicio de las mesas técnicas y el trabajo del equipo asesor, con el objetivo de analizar de manera responsable, técnica y participativa las reformas planteadas, tomando en cuenta las observaciones emitidas por la Unidad Técnica Legislativa. Este paso refleja el compromiso de la Comisión con un estudio serio, transparente y fundamentado, orientado a evaluar el impacto real de las iniciativas en el ámbito laboral y de la seguridad social.
En el marco del debate, se escucharon también voces críticas que llamaron a la reflexión sobre las prioridades legislativas del país, señalando la necesidad de enfocar los esfuerzos en problemáticas estructurales que afectan directamente a la ciudadanía, como la inseguridad, el acceso a la salud y la situación económica. Estas intervenciones enriquecieron el diálogo democrático, evidenciando la diversidad de criterios y la importancia del control político dentro de la función legislativa.
La Presidencia de la Comisión aclaró que el avocamiento de conocimiento es una obligación institucional frente a las resoluciones del CAL y que todas las observaciones, inquietudes y aportes serán analizados oportunamente en las mesas técnicas y en los informes que se pongan a consideración de los miembros de la Comisión.
Sin más puntos que tratar, la sesión fue clausurada a las 11h32, dejando constancia de un trabajo legislativo que, más allá de las diferencias, reafirma el respeto al debido proceso, al debate democrático y al compromiso de legislar con responsabilidad, transparencia y sentido social en beneficio del país y de las y los trabajadores del Ecuador.
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Eckenner Reader Recalde Álava es quiteño de nacimiento. Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador. Además, cuenta con un Diploma Superior en Defensoría Pública por la Universidad de Guayaquil.
En el 2006 fungió como Procurador Síndico del Gobierno Autónomo de Pedro Moncayo (Pichincha). También fue jefe de Gestión de Talento Humano en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro.
Asambleísta por la provincia de Pichincha distrito sur, periodo 2023-2025.
Miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Vicepresidente de la Asamblea Nacional.
“Iniciamos una nueva etapa de la historia del Ecuador con este acuerdo, que los grupos de poder político y económico lo critican, porque ellos son siempre los que buscan que nosotros estemos en confrontación”
