En cumplimiento con la normativa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), sobre la obligación del Consejo de Administración Legislativa de calificar el cumplimiento de requisitos para acoger solicitudes de enjuiciamiento político, el CAL admitió la solicitud de la Comision de Justicia y Estructura del Estado y autirizó la unificación de 39 proyectos de reformas al Código Órganico Integral Penal.
Por otro lado, dara trámite a los pedidos de juicio político en contra de Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, y de Juan Zapata, exminitro del Interior, juicios planteados por asambleistas de ADN y del PSC, respectivamente. Tambien se admitió la solicitud de juicio político a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.
Los tres casos pasarán a la Comisión de Fiscalización y Control Político, para la sustanciación respectiva, en los términos y plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Sobre el caso de la Fiscal Salazar, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eckenner Recalde, ratificó su posición de no apoyar el pedido, sin embargo, se debe cumplir con las obligaciones del CAL, que es ratificar el cumplimiento de los requisitos para que una solicitud de enjuiciamiento político sea aceptado.
Al momento, se encuentran pendientes algunas solicitudes de juicio en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electorial y del exministro de Obras Públicas, Darío Herrera.
Finalmente, el CAL conoció la solicitud de conformación de la comisión especializada ocasional que continuará el trámite legal y análisis de los proyectos de enmiendas constitucionales y reformas parciales a la Constitución de la República. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL tiene la atribución de sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional, la creación de comisiones especializadas ocasionales.
Eckenner Reader Recalde Álava es quiteño de nacimiento. Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador. Además, cuenta con un Diploma Superior en Defensoría Pública por la Universidad de Guayaquil.
En el 2006 fungió como Procurador Síndico del Gobierno Autónomo de Pedro Moncayo (Pichincha). También fue jefe de Gestión de Talento Humano en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro.
Asambleísta por la provincia de Pichincha distrito sur, periodo 2023-2025.
Miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Vicepresidente de la Asamblea Nacional.
“Iniciamos una nueva etapa de la historia del Ecuador con este acuerdo, que los grupos de poder político y económico lo critican, porque ellos son siempre los que buscan que nosotros estemos en confrontación”
