El Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que propone cambios fundamentales para garantizar una lucha efectiva contra la inseguridad, la delincuencia organizada y la corrupción. La normativa recoge y unifica 43 iniciativas relacionadas con el incremento de penas para delitos graves, la prohibición de aplicar beneficios penitenciarios para determinadas conductas delictivas y la tipificación de dos nuevos delitos.
Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, ponente del informe, indicó que la propuesta unifica 43 proyectos de ley, cuatro de ellos presentados en el actual período legislativo, con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el derecho de los ecuatorianos a vivir en una sociedad libre de violencia.
Explicó que se incrementan las penas para 24 delitos como: sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, lavado de activos, reclutamiento de menores de edad, crimen organizado y se tipifican las figuras de transmisión intencional de enfermedades infectocontagiosas; y, el feminicidio, entendido como la impunidad producto de la omisión del deber del Estado de garantizar la vida de las mujeres.
Detalló, además, que el trabajo de la Comisión se desarrolló a través de seis mesas técnicas y contó con los criterios de autoridades de Estado, por ejemplo, de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General, Ministerio del Interior, Dirección del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), así como organizaciones sociales, profesionales del derecho y académicos,
En el debate, que contó con la participación de 17 asambleístas, hubo expresiones de apoyo a las reformas, por cuanto se ajustan a las demandas de la ciudadanía sobre el incremento de penas para delitos graves, como lo relacionado con la tipificación de nuevos delitos, entre ellos el feminicidio. A la vez, hubo preocupaciones en torno a la ampliación de la imprescriptibilidad de algunas conductas delincuenciales; el levantamiento de la reserva de la información de la Fiscalía, en la fase de la investigación; y, la incorporación de dos nuevas causales para proponer el recurso de revisión de una sentencia en firme.
Así mismo, dentro de los cambios considerados positivos, se destacó la inclusión de temas relacionados con la justicia indígena, ya que esto permitirá el fortalecimiento del Estado plurinacional e intercultural. En este sentido, recordaron que en la actualidad algunas autoridades indígenas son sometidas a la jurisdicción ordinaria por haber aplicado la justicia ancestral.
La sesión 900 del Pleno fue suspendida y su reinstalación será convocada oportunamente.
Nació en el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, el 14 de julio de 1966.
Es doctor en medicina veterinaria, zootecnista de profesión. Se dedica a la producción de banano, palma africana, ciclo corto, administración de una planta de secado de granos, agricultor por convicción desde muy temprana edad.
Filántropo y político preocupado siempre por las causas sociales, su misión de vida es servir a quienes más lo necesitan.
Ha sido concejal en dos períodos, luego vicealcalde de Buena Fe, llegando a ser vicepresidente de Consejo, alcalde del cantón San Jacinto de Buena Fe, desde el año 2014 hasta el 2022.
Ante la necesidad de ejecutar proyectos de ley en beneficio del sector agropecuario para el desarrollo de la provincia de Los Ríos y el país en general, se postuló como asambleísta provincial en el año 2023, obteniendo el triunfo con el apoyo popular expresado en las urnas, y desde el 17 de noviembre de 2023 desempeña su rol en la Asamblea Nacional del Ecuador para el período 2023 – 2025.
