La Asamblea Nacional presidida por Elizabeth Cabezas Guerrero, en un año de gestión, tramitó más juicios políticos en comparación con los períodos precedentes liderados por José Serrano y Gabriela Rivadeneira.
En la administración actual, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó siete solicitudes de juicio político debatidas en el Pleno, con los siguientes resultados: juicio político contra Carlos Baca Mancheno, entonces fiscal General, con censura y destitución; Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, sin votos para la censura; y, Diego García Carrión, exprocurador del Estado, con censura.
Mientras, los procesos seguidos en contra de Gustavo Jalkh, expresidente y varios miembros del Consejo de la Judicatura; Christian Cruz, exsuperintendente de Bancos; y, Rubén Flores, exministro de Agricultura, no tuvieron resolución en la Comisión de Fiscalización.
Al momento, la Comisión de Fiscalización tramita la solicitud de juicio político en contra de María Fernanda Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
En el período de José Serrano se solicitaron dos juicios políticos. Se censuró al excontralor del Estado, Carlos Pólit. Mientras que la solicitud de enjuiciamiento en contra del exvicepresidente, Jorge Glas Espinel, quedó en trámite al interior de la Comisión de Fiscalización, pues se declaró no competente para continuar con el proceso en contra de quien había dejado sus funciones como Vicepresidente de la República.
En cambio, en los cuatro años de ejercicio de la presidencia de Gabriela Rivadeneira (2013-2017) no se registra el trámite, ni calificación de solicitudes de juicio político.
EG
Economista con Diplomado en Banca y Finanzas
Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2018 – 2019)
Presidenta del Parlamento de las Américas (ParlAméricas), que agrupa a 35 países del continente americano. (2019 – 2021)
Presidenta de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los Proyectos de Enmiendas Constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la corte Constitucional.
