La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, durante su comparecencia virtual, en la Comisión Ocasional de Enmiendas, enfatizó que la Fiscalía debe gozar de autonomía completa para administrar justicia, transparentar procesos y que ciertos casos no queden en la impunidad. Afirmó que existe dicotomía en la norma constitucional que se lo aterrizó en el Código de la Función Judicial, limitando su accionar, ya que está supeditada a la evaluación de terceros.
La mesa legislativa ocasional, invitó a la funcionaria de Estado para que dé sus observaciones a la propuesta ciudadana presentada por el Comité por la Institucionalización Democrática que propone que la Fiscalía General del Estado se independice de la Función Judicial; y, a su vez, se pronuncie sobre la propuesta de Enmienda, orientada a aumentar un requisito para las postulaciones a Fiscal, a fin de que los interesados no hayan ejercido un cargo público con rango de ministro durante los 10 años previos a su postulación.
En su exposición, Diana Salazar indicó que su voz no es en calidad de Fiscal, sino que trae el sentir de los funcionarios que conforman la institución, ya que las autoridades son pasajeras. Habló de los artículos de la Constitución, por los cuales, supuestamente, se establece que es un órgano autónomo de la Función Judicial, pero no es real dijo, porque el Consejo de la Judicatura se encuentra por encima. Por ejemplo, la Fiscalía debe presentarle su propuesta presupuestaria para su incorporación en el Presupuesto General de la Función Judicial.
Esto evidencia que hay dicotomía en la norma constitucional, además porque establece que la Judicatura es el “órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”, demostrando con ello la falta de independencia de la Fiscalía frente a la Judicatura.
Diana Salazar indicó que varios estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU señalan que la falta de autonomía y profesionalización de los fiscales encargados de investigar y perseguir delitos, puede ser parte de las causas estructurales de la impunidad en los países de América Latina, entre ellas, la Fiscalía del Ecuador.
La autonomía es clave para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, para respetar los derechos del imputado, investigado o procesado y sobre todo para garantizar el cumplimiento del deber estatal de investigar, que los casos puedan ser judicializados y sobre todo sancionados. Por tanto, la autonomía de los fiscales y de las fiscalías se traduce en la tutela judicial efectiva y en el acceso a una justicia independiente.
En otro orden, la funcionaria se refirió a la propuesta de enmienda orientada a aumentar un requisito para las postulaciones a Fiscal, a fin de que los interesados no hayan ejercido un cargo público con rango de ministro durante los 10 años previos a su postulación. Sobre este particular, indicó que tiene estrecha relación con la autonomía de la institución porque se necesita de personas con la capacidad de tomar decisiones que, por ejemplo, tienen que procesar en un momento dado a quien le nombró, no tenga ese compromiso.
Sobre los 10 años previos a la postulación a Fiscal, hizo notar que varios de los tipos penales de los que podrían estar inmersos los candidatos y que tienen el carácter de imprescriptibles como el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, por tanto, para estos casos sería una limitante los diez años.
En este marco, Diana Salazar propuso que el candidato no tenga ninguna vinculación con los gobiernos a los que quizá toque investigarlos.
Los parlamentarios destacaron el trabajo emprendido por la Fiscal Diana Salazar y señalaron que los planteamientos expuestos en la mesa ocasional son de vital importancia para estructurar el informe que deberá ser presentado al Pleno de la Asamblea Nacional y que, en caso de ser aprobados, deben ser validados en referéndum.
Economista con Diplomado en Banca y Finanzas
Presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2018 – 2019)
Presidenta del Parlamento de las Américas (ParlAméricas), que agrupa a 35 países del continente americano. (2019 – 2021)
Presidenta de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los Proyectos de Enmiendas Constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la corte Constitucional.
