La reforma legal planteada se justifica por el crecimiento acelerado del uso del automóvil en la sociedad, convirtiéndolo en un medio esencial de transporte. Sin embargo, este aumento ha traído consigo un incremento en los accidentes de tránsito, en gran parte debido a la falta de visibilidad y el uso inadecuado de las luces de los vehículos.
La visibilidad es un factor crítico para la seguridad vial; el uso de luces altas durante la noche puede deslumbrar a otros conductores, aumentando el riesgo de colisiones. Por lo tanto, es fundamental establecer regulaciones claras sobre el uso de luces, que no solo responsabilicen a los conductores, sino que también promuevan una cultura de respeto hacia todos los usuarios de la vía.
Por otro lado, es necesario proteger a los conductores de multas injustas relacionadas con aspectos no mecánicos que no comprometen la seguridad del vehículo, conforme lo establece el Artículo 382 del Código Orgánico Integral Penal, frente a las sanciones por desperfectos mecánicos previsibles que ponen en peligro la seguridad de los pasajeros; así se va a establecer un marco legal más justo y específico, garantizando que solo se penalice a quienes realmente pongan en riesgo la operatividad y seguridad del transporte público.
Es justo también prevenir el abuso y el chantaje al que son sometidos por algunos agentes no tan solo de tránsito, quienes pueden aprovecharse de la ambigüedad en la normativa para imponer sanciones por cuestiones no mecánicas. Al establecer definiciones claras, se promueve un trato más justo y equitativo, garantizando que solo se penalice a quienes realmente comprometen la seguridad del transporte público.
La inclusión de estas disposiciones en el Código Orgánico Integral Penal (Código Orgánico Integral Penal fortalecerá la capacidad de las autoridades para sancionar infracciones, mejorando así la seguridad en las carreteras y contribuyendo a la disminución de siniestros viales.
En resumen, el interés de esta reforma legal radica en la necesidad de crear un marco normativo que garantice la seguridad vial, reduzca la accidentabilidad y promueva un entorno de conducción más seguro para todos.
Nació en el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, el 14 de julio de 1966.
Es doctor en medicina veterinaria, zootecnista de profesión. Se dedica a la producción de banano, palma africana, ciclo corto, administración de una planta de secado de granos, agricultor por convicción desde muy temprana edad.
Filántropo y político preocupado siempre por las causas sociales, su misión de vida es servir a quienes más lo necesitan.
Ha sido concejal en dos períodos, luego vicealcalde de Buena Fe, llegando a ser vicepresidente de Consejo, alcalde del cantón San Jacinto de Buena Fe, desde el año 2014 hasta el 2022.
Ante la necesidad de ejecutar proyectos de ley en beneficio del sector agropecuario para el desarrollo de la provincia de Los Ríos y el país en general, se postuló como asambleísta provincial en el año 2023, obteniendo el triunfo con el apoyo popular expresado en las urnas, y desde el 17 de noviembre de 2023 desempeña su rol en la Asamblea Nacional del Ecuador para el período 2023 – 2025.
