Este sábado el Consejo de Administración Legislativa, CAL, inició el tratamiento de una nueva solicitud de juicio político en contra de Pablo Celi de la Torre, excontralor del Estado y de María Valentina Zárate, excontralora subrogante, propuesta por el asambleísta Ricardo Vanegas.
Para este efecto, el CAL requerirá a la Unidad de Técnica Legislativa la emisión del informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos respecto de la solicitud en referencia, que deberá ser remitido, en el plazo máximo de tres días, de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Según la solicitud el enjuiciamiento político se fundamenta presuntamente por adecuar sus conductas en falta de probidad notoria y haber incumplido sus funciones establecidas en el artículo 212 de la Constitución de la República.
Otras causales, según el legislador acusador, se relacionan con una supuesta delincuencia organizada tipificada en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, referente a ciertas acciones de la Empresa Petroecuador, Contraloría General de Estado y Secretaría General de la Presidencia de República del Ecuador, en el período anterior.
Asimismo, se asegura que el Contralor se habría aprovechado del cargo para desvanecer glosas por aproximadamente 800 millones de dólares, con lo que habría perjudicado al Estado ecuatoriano.
Entre tanto, a la excontralora Valentina Zárate se la acusa por un presunto delito de usurpación y simulación de funciones.
Guadalupe Llori, quien es la cuarta mujer en asumir la Presidencia de la Asamblea, es abogada de los tribunales y juzgados de la República. Inició su vida política en el 2000, cuando accedió a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada, principalmente, en mejorar el área de salud. Cuatro años más tarde, fue electa prefecta de su provincia. Posteriormente, fue reelecta para dos periodos.
