El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite las solicitudes de juicio político planteados en contra de Víctor Manuel Anchundia, superintendente de Compañías Valores y Seguros; Ruth Arregui Solano, superintendente de Bancos; Carlos Riofrío González, contralor General del Estado subrogante; e, Íñigo Salvador Crespo, procurador General de Estado, una vez que se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. A estos funcionarios se les acusa de incumplimiento de funciones.
En este marco, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas Ricardo Vanegas y Luis Almeida, plantearon (en solicitudes separadas) el enjuiciamiento político en contra de Víctor Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.
El legislador Darwin Pereira propuso el juicio político en contra de la Superintendenta de Bancos, mientras que el asambleísta Ronny Aleaga acusa al Contralor Subrogante y el asambleísta Ferdinan Álvarez al Procurador General del Estado.
Guadalupe Llori, quien es la cuarta mujer en asumir la Presidencia de la Asamblea, es abogada de los tribunales y juzgados de la República. Inició su vida política en el 2000, cuando accedió a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada, principalmente, en mejorar el área de salud. Cuatro años más tarde, fue electa prefecta de su provincia. Posteriormente, fue reelecta para dos periodos.
