La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, en compañía de Pierina Correa Delgado, titular de la Comisión de Niñez, recibió por parte de María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), un conjunto de observaciones al proyecto de Código de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), con el propósito de transversalizar en su texto el principio del bien superior del niño, tanto en los procesos judiciales, como en la garantía de sus derechos.
María del Carmen Maldonado, explicó que esas observaciones fueron desarrolladas a través de varias mesas de trabajo, talleres y encuentros con los jueces y juezas especializados en materia de niñez, mujer y familia, entre otros, así como actores sociales vinculados con la protección de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, a fin de incorporar al texto final del Copinna disposiciones que constan en tratados, convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos.
De su lado, Pierina Correa subrayó que con la recepción de las observaciones del Consejo de la Judicatura concluye un proceso de trabajo que tuvo gran apertura a todas las voces sobre el Copinna, con la finalidad de actualizar el texto a las condiciones del país, incluidas las nuevas circunstancias creadas por la pandemia del Covid-19, el aumento de casos de femicidio y otros fenómenos sociales que tienen que ser considerados en la normativa.
Finalmente, Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, tras felicitar el trabajo de la Comisión Especializada y agradecer el aporte del Consejo de la Judicatura, expresó su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la legislación en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. “Con gran responsabilidad recibo las observaciones a esta normativa. El esfuerzo articulado entre instituciones nos fortalece y contribuye a mejorar las propuestas legislativas, cuenten con mi apoyo para dar el trámite pertinente para que este Código sea una realidad”, resaltó.
Guadalupe Llori, quien es la cuarta mujer en asumir la Presidencia de la Asamblea, es abogada de los tribunales y juzgados de la República. Inició su vida política en el 2000, cuando accedió a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada, principalmente, en mejorar el área de salud. Cuatro años más tarde, fue electa prefecta de su provincia. Posteriormente, fue reelecta para dos periodos.
