Con el voto unánime de los seis vocales presentes, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Guadalupe Llori Abarca, resolvió retomar las actividades presenciales, a partir del miércoles, 2 de febrero, con el aforo del 50% de la capacidad de las instalaciones del Pleno, las comisiones especializadas permanentes, ocasionales, los salones de uso múltiple y demás oficinas del Palacio Legislativo.
La medida se mantendrá, con estricta aplicación de las normas de bioseguridad, distanciamiento, uso permanente de mascarilla, lavado de manos y desinfección de espacios, hasta que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) determine el cambio de semáforo a verde para el Distrito Metropolitano de Quito.
El CAL adoptó esta resolución, en base al informe de la Unidad de Salud Ocupacional de la Asamblea Nacional, en el cual se determina que la curva epidemiológica presenta una tendencia a la baja en la última semana de enero de 2022, según datos del COE Nacional.
Además, la resolución dispone que durante este período las comparecencias y comisiones generales, tanto en las sesiones del Pleno, como en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales se realizarán por medios telemáticos, a fin de evitar posibles contagios.
Para el retorno a la presencialidad los asambleístas, así como servidores legislativos presentarán una prueba negativa de antígenos o PCR.
Los coordinadores y jefes inmediatos de las unidades administrativas de la Asamblea serán los encargados de establecer la asistencia presencial de los funcionarios legislativos dentro del aforo del 50%. Quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad, presenten enfermedades preexistentes o cuadros infecciosos continuarán en teletrabajo.
Así mismo, las personas que hayan estado en contacto con pacientes Covid o que sospechen que tengan síntomas asociados a este padecimiento deberán informar de este particular, a fin de actualizar el registro epidemiológico.
Guadalupe Llori, quien es la cuarta mujer en asumir la Presidencia de la Asamblea, es abogada de los tribunales y juzgados de la República. Inició su vida política en el 2000, cuando accedió a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada, principalmente, en mejorar el área de salud. Cuatro años más tarde, fue electa prefecta de su provincia. Posteriormente, fue reelecta para dos periodos.
