El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con 6 votos a favor calificó a trámite cinco nuevos proyectos de ley; cuatro de ellos de iniciativa legislativa y uno propuesto por el Ejecutivo, los proyectos cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), por ello serán tramitados en las respectivas comisiones especializadas.
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, analizará el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, de iniciativa del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, cuyo objetivo es regular el uso de la fuerza por parte del Estado y los agentes que forman la Fuerza Pública.
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social se encargará de tramitar el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos, propuesto por la asambleísta Patricia Sánchez.
Mientras, la mesa legislativa de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación analizará el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, de iniciativa de la parlamentaria Pamela Aguirre.
El proyecto de Ley de la Defensoría del Cliente, de autoría del asambleísta Ramiro Narváez, será tramitado por la Comisión de Régimen Económico; y, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado será la encargada de estudiar el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, del asambleísta Xavier Jurado.
Además, el CAL resolvió que la Unidad de Técnica Legislativa, en tres días presente un informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos sobre el pedido de juicio político en contra de la Presidenta y Vocales del Consejo de la Judicatura, propuesto por los asambleístas Viviana Veloz y Fausto Jarrín, de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 80 de la LOFL.
Guadalupe Llori, quien es la cuarta mujer en asumir la Presidencia de la Asamblea, es abogada de los tribunales y juzgados de la República. Inició su vida política en el 2000, cuando accedió a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada, principalmente, en mejorar el área de salud. Cuatro años más tarde, fue electa prefecta de su provincia. Posteriormente, fue reelecta para dos periodos.
