El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció una nueva solicitud de juicio político en contra de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), propuesta por los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo.
El CAL solicitó a la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) la emisión del informe técnico no vinculante del cumplimiento de requisitos que será remitido en el plazo máximo de tres días, conforme lo establece el segundo inciso del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La solicitud de enjuiciamiento político se fundamenta en la designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado, la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y por el nombramiento de Pablo Iglesias Paladines como Superintendente de Ordenamiento Territorial.
Asimismo, el máximo organismo de administración de la Asamblea resolvió no dar paso a dos solicitudes de indulto, por no cumplir los requisitos formales establecidos en el Reglamento para la Admisión y Tramitación de las Solicitudes de Amnistías e Indultos Humanitarios de la Asamblea Nacional y por no cumplir con la pertinencia respecto a quien puede ser beneficiario de indulto por motivos humanitarios.
Guadalupe Llori, quien es la cuarta mujer en asumir la Presidencia de la Asamblea, es abogada de los tribunales y juzgados de la República. Inició su vida política en el 2000, cuando accedió a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada, principalmente, en mejorar el área de salud. Cuatro años más tarde, fue electa prefecta de su provincia. Posteriormente, fue reelecta para dos periodos.
