El Consejo de Administración Legislativa, con el voto de 6 de sus miembros, decidió no calificar dos nuevas solicitudes de amnistía a favor de Carlos Rivero y Ángel Maliza; no obstante, se deja la posibilidad de hacer uso del derecho de presentarlas nuevamente conforme lo establece la Ley.
En otro orden, con 5 votos afirmativos, el CAL resolvió que la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio analice el pedido de información del legislador Fredy Rojas al alcalde de Santa Cruz, Ángel Yánez, sobre el mal manejo de recursos económicos en la implementación del sistema de agua potable del cantón Santa Cruz.
Mientras que, el requerimiento de información del legislador John Vinueza al Ministro de Transporte y Obras Públicas, en torno a los estudios de prefactibilidad de las vías Estatal E35 Troncal de la Sierra, desde el cantón Ambato hasta el cantón Guano, Riobamba – Balbanera – Pallatanga - Cumandá y de la vía Estatal E35 Troncal de la Sierra, desde el cantón Riobamba - Balbanera – Alausí – Chunchi - Zhu, será tramitado en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social.
La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte dará el trámite correspondiente al pedido de información del legislador Lenin Barreto a la coordinadora Zonal 4 del Ministerio de Salud Pública, Leonor Zambrano, respecto al cambio de logos en centros de salud y hospitales en Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.
El artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que los asambleístas tienen la facultad de requerir información a los funcionarios públicos y en caso de que un funcionario sujeto a fiscalización no responda un requerimiento, el CAL deberá remitir la documentación a conocimiento de una comisión especializada. Para ello, el funcionario público, en un plazo de quince días, comparecerá en persona ante la mesa legislativa, previa convocatoria.
Guadalupe Llori, quien es la cuarta mujer en asumir la Presidencia de la Asamblea, es abogada de los tribunales y juzgados de la República. Inició su vida política en el 2000, cuando accedió a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada, principalmente, en mejorar el área de salud. Cuatro años más tarde, fue electa prefecta de su provincia. Posteriormente, fue reelecta para dos periodos.
