El asambleísta Fernando Villavicencio anunció hoy que, de ratificarse el laudo arbitral que condena al Ecuador a pagar $11,54 millones a Gente Oil, liderará el juicio de repetición en contra de los funcionarios del correísmo que, entre 2012 y 2017, incumplieron las condiciones contractuales del contrato petrolero del
Bloque Singue.
En su reclamo, Gente Oil señaló que hubo incumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato, entre junio de 2014 y febrero de 2015. El laudo, planteado en abril de 2018, pretendía una reparación de $91,98 millones en favor de la contratista, sin embargo, el Tribunal con sede en Chile resolvió, el pasado 24 de mayo, que el Estado ecuatoriano debía pagar $ 11,54 millones, 89% menos de lo reclamado por la petrolera
Villavicencio aclara que el laudo no tiene relación con la sentencia condenatoria por peculado en el caso Singue, en el que, según la Fiscalía General del Estado, hubo irregularidades en la fijación de las tarifas que generaron perjuicios al Estado, por cuanto se fijó un precio de $ 33,5 por barril de petróleo menor al de la oferta inicial, al fijar este valor, según la Fiscalía, no se tomó en cuenta el 100 % de las reservas probadas de hidrocarburos en el mencionado campo marginal, ubicado en la Amazonía.
La Procuraduría General del Estado (PGE) señaló que “el arbitraje internacional no afecta al proceso penal” que se lleva en Ecuador y que el organismo internacional “resolvió que carecía de competencia para revisar las actuaciones de Contraloría, Fiscalía y Procuraduría (...) y desechó la pretensión de Gente Oil que buscaba dar por terminado el Contrato y determinó que no se había modificado unilateralmente la tarifa”. Por su parte, Villavicencio explica que “el laudo no es definitivo, es parcial y no involucra a todo el contrato. Se refiere a incumplimientos durante de 2014 y 2017 por parte de las autoridades del Gobierno de Rafael Correa y Jorge Glas. Ninguno de los pagos corresponde a algún reclamo por la fijación de la tarifa de explotación de petróleo que reconoce el Estado a la compañía, que, como denuncié, es perjudicial para el Estado ecuatoriano. El Tribunal no resuelve nada sobre la tarifa por barril producido pactada originalmente en el contrato de Gente Oil”, explica el legislador.
La PGE anunció que interpondrá una acción de anulación ante las instancias competentes y que, en caso de confirmarse el laudo, “el Estado deberá presentar la acción de repetición en contra de los servidores que entre 2012 y 2017 habrían incumplido con el contrato”. El proceso en Ecuador El contrato de prestación para la exploración y explotación del bloque Singue
se firmó en abril de 2012 con el consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil (60%) y Gente Oil Development LLC (40%) y fue autorizado por el
entonces ministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor Morris.
Por la ejecución de este contrato, siete personas fueron condenadas a prisión por peculado, entre ellas, Pastor, el exvicepresidente Jorge Glas, Carlos Pareja, exviceministro de Hidrocarburos, César Guerra, exgerente Dygoil, entre otros. Según la Fiscalía General del Estado, los exfuncionarios dispusieron arbitrariamente de los recursos estatales, al adjudicar de forma irregular el contrato del campo marginal. El contrato fue cuestionado en un informe técnico realizado por el ingeniero petrolero Luis Aráuz, padre del excandidato presidencial por Unes Andrés Aráuz, quien determinó que para el establecimiento de la tarifa no se tomó en cuenta el volumen real de las reservas de hidrocarburos en el campo. Hubo una diferencia de más de 18 millones de barriles de crudo de reservas originales, que no fueron considerados para el cálculo del análisis económico financiero. Lo que le significó una pérdida de, al menos, $61 millones al Estado ecuatoriano.
Sobre el caso, el legislador Villavicencio ha escrito varios reportajes señalando que en la adjudicación del contrato hubo perjuicios al país, por la tarifa del barril que se fijó en $33,5, cuando, según estudio técnicos, debió fijarse en $32, o incluso en $29, como consta en la oferta original entregada a Rafael Correa” asegura. “Gente Oil es una empresa de papel, domiciliada en un paraíso fiscal. No tiene sustento económico, técnico, ni experiencia en el campo; detrás de ella se esconden Wilson Pastor y su hija Silvana Pastor, que apareció vinculada en la negociación, en calidad de apoderada de Gente Oil Ecuador”, explicó.
Periodista, escritor y activista social.
Desde la investigación periodística he contribuido con información relevante para denunciar casos de corrupción en materia petrolera, minera, eléctrica, telecomunicación y de estructuras criminales que se han beneficiado de los recursos públicos a través de varias sectores y poderes que conforman el Estado.
