Nos encontramos nuevamente tratando una ley económica urgente, esta vez la de “COMPETITIVIDAD ENERGÉTICA”. Sin duda un tema fundamental, ya que atravesamos por momentos complejos, cuando nos regresaron a los años 90 en los que el fantasma de los apagones era parte de la cotidianidad, hoy en pleno siglo XXI nos han retrocedido 20 años por la incompetencia e irresponsabilidad de dos gobernantes que por su vanidad y capricho destrozaron el País.
Ya que el tiempo es corto quisiera reafirmar que nuestra bancada de la RC ha realizado un ejercicio importante de evaluación de este y todos los proyectos que están en nuestro conocimiento y hemos realizado importantes aportes que han sido tomados en cuenta, sin embargo, otros también importantes NO, es por eso que seguiremos insistiendo en varios temas que (EN CASO DE QUE OTROS DE RC YA HAYAN INTERVENIDO) mis compañeros ya han mencionado y que aseguran que la ley GARANTICE LA NO AFECTACIÓN AL BOLSILLO DE LAS Y LOS CIUDADANOS COMO USUARIOS FINALES DEL SERVICIO ELÉCTRICO.
Adicionalmente debo recordar al pueblo ecuatoriano que este proyecto NO SOLUCIONARÁ LOS APAGONES ni en el corto ni en el mediano plazo, aquí lo que se trata es de establecer las condiciones más adecuadas para que el manejo del sector eléctrico priorice ejecución de acciones encaminadas a un sistema más competitivo que beneficie a todos los actores del sector, pero sobre todo al País y sus ciudadanos; así que no le mintamos a la gente, seamos responsables.
En ese sentido debo insistir en que el objeto de la Ley no es riguroso con el contenido del texto ya que, no solucionará la crisis energética como manifesté, sobre todo en lo relacionado a los apagones. El objeto se aleja del principio de TRANSPARENCIA y al pretender establecer un objeto inexistente estaría adecuándose a la FALSEDAD IDEOLÓGICA. Por eso considero que en aras de mayor rigurosidad debería utilizarse la palabra “PROCURAR” superar la crisis energética, así estamos siendo serios con el pueblo.
En lo que tiene que ver con el ÁMBITO DE LA LEY, debo manifestar e insistir que el sector eléctrico se encuentra amparado constitucionalmente dentro del ámbito de los SECTORES ESTRATÉGICOS por lo que su ámbito, trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política y ambiental y la misma deberá enfocarse en el pleno desarrollo de los derechos, así como del interés social; es por eso que insisto en que podamos incorporar en el texto dichos enunciados constitucionales: “ámbito público y privado, con influencia económica, social, política y ambiental”
En lo relacionado al contenido del artículo 20 sobre las zonas francas, debo insistir colegas asambleístas y miembros de la Comisión en que debería ser eliminado ya que estaríamos generando un articulado supletorio a la norma que recién se aprobó con el mismo carácter de urgente, y aquello podría ser un problema a la larga al momento de la aplicación de las dos normas.
En el tema de las preasignaciones también debo insistir que de persistir en el texto puede ser declarada inconstitucional eventualmente ya que es contrario a la norma constitucional que ya se ha mencionado en el art. 292 respecto al Presupuesto General del Estado.
Finalmente, los artículos propuestos sobre el COMEX y la sustitución del antepenúltimo inciso del segundo artículo innumerado, no corresponde a la gestión eléctrica, ni en su gestión administrativa u operativa. Estos hubiesen sido agregados en la Ley de eficiencia económica y generación de empleo, pero no guardan coherencia, y rompen la unidad de materia en el campo eléctrico.
Franklin Omar Samaniego Maigua nació el 2 de septiembre de 1971 en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde una edad temprana, demostró un gran interés por el estudio y el aprendizaje, asistiendo a la Pensionado "Olivo" durante su educación primaria y luego al Colegio "San Felipe Neri" para sus estudios secundarios, ambos en su ciudad natal.
Posteriormente, continuó su formación académica en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, marcando así el inicio de una destacada carrera en el ámbito legal. Complementó su formación con estudios en la Universidad Católica de Cuenca, donde obtuvo su título de Abogado de los Tribunales de la República y más tarde su Doctorado en Jurisprudencia.
La búsqueda constante de conocimiento llevó a a obtener una especialización en Contratación Pública y Administración del Estado en la Universidad Central del Ecuador, así como una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), consolidando su experiencia en diversos campos del derecho.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, abarcando áreas como administración de justicia, derecho civil, y legislación relacionada con la gestión pública, entre otros.
Su experiencia laboral incluye roles como Asesor Jurídico en empresas turísticas, Director de Asesoría Jurídica y Gerente en la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo, así como diversas funciones en el ámbito legislativo, donde ha desempeñado roles destacados como Asambleísta por la Provincia de Pichincha y Vicepresidente de Comisiones Especializadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ha sido un activo defensor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, participando en varios grupos parlamentarios y demostrando un compromiso constante con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Su dedicación y pasión por el servicio público lo han convertido en un referente en el ámbito legal y político en Ecuador.
