El día de hoy, viernes 12 de enero, en la sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia Participación Ciudadana y Control Social, insistimos en la gran responsabilidad que tenemos en torno al proceso de cumplimiento de la Resolución de la Asamblea Nacional sobre el caso de femicidio de María Belén Bernal Otavalo.
Es importante expresar nuestra solidaridad con la madre de María Belén, la señora Elizabeth Otavalo y a toda su familia, de nuestra parte estaremos siempre pendientes de esta investigación, existe ya una sentencia, que corresponde velar por su cumplimiento.
La Constitución, el COIP y la sentencia, nos habla sobre la “reparación integral”, esta Comisión debe hacer seguimiento, constatar que se cumpla, inclusive pedimos fiscalizar y transparentar hechos como el por qué la señora Otavalo tuvo que dejar hasta su trabajo por ser víctima de acoso, ¿donde estuvieron las autoridades?, quien garantiza los derechos.
Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio, en septiembre de 2022, participó en la sesión de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en cuyo orden del día constó el conocimiento del proceso de cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, aprobada el 17 de noviembre de 2022.
La resolución No. 114 dispuso, en ese entonces, que la comisión realice el seguimiento trimestral de la implementación de acciones para obtener información, realizar conclusiones y recomendaciones en el caso Bernal, para luego presentar un informe ante la Asamblea Nacional, en el plazo de 180 días, posterior a la respectiva notificación.
Reclamó, también, que Cáceres haya sido trasladado de la cárcel de máxima seguridad, La Roca, a la No. 4, donde van los políticos. Dijo temer por su vida y la de sus hijos, pues ha sido víctima de atentados y persecución por parte del Consejo de la Judicatura, instancia a la que se vio obligada a renunciar.
Al respecto, el equipo técnico de la comisión presentó una propuesta actualizada para continuar el seguimiento de la resolución, en la que sugiere requerir del MIES, Ministerio de Educación, ISSPOL y Policía el envío de la información sobre su accionar en el caso. Además, exhortar al Presidente de la República la revisión de las autoridades de la Policía Nacional y solicitar la baja inmediata de quienes estuvieron involucrados en el femicidio. Exigir al Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado abstenerse de estigmatizar y difamar a las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos; instar a la Secretaría de Derechos Humanos que celebre cada 9 de diciembre el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, entre otros componentes que serán tratados conforme la agenda que se comprometieron a diseñar para efectivizar el cumplimiento de la resolución.
Franklin Omar Samaniego Maigua nació el 2 de septiembre de 1971 en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde una edad temprana, demostró un gran interés por el estudio y el aprendizaje, asistiendo a la Pensionado "Olivo" durante su educación primaria y luego al Colegio "San Felipe Neri" para sus estudios secundarios, ambos en su ciudad natal.
Posteriormente, continuó su formación académica en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, marcando así el inicio de una destacada carrera en el ámbito legal. Complementó su formación con estudios en la Universidad Católica de Cuenca, donde obtuvo su título de Abogado de los Tribunales de la República y más tarde su Doctorado en Jurisprudencia.
La búsqueda constante de conocimiento llevó a a obtener una especialización en Contratación Pública y Administración del Estado en la Universidad Central del Ecuador, así como una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), consolidando su experiencia en diversos campos del derecho.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, abarcando áreas como administración de justicia, derecho civil, y legislación relacionada con la gestión pública, entre otros.
Su experiencia laboral incluye roles como Asesor Jurídico en empresas turísticas, Director de Asesoría Jurídica y Gerente en la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo, así como diversas funciones en el ámbito legislativo, donde ha desempeñado roles destacados como Asambleísta por la Provincia de Pichincha y Vicepresidente de Comisiones Especializadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ha sido un activo defensor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, participando en varios grupos parlamentarios y demostrando un compromiso constante con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Su dedicación y pasión por el servicio público lo han convertido en un referente en el ámbito legal y político en Ecuador.
