La Ley Orgánica propuesta por el Ejecutivo para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica plantea elevar el IVA del 12 al 15%. Sin embargo, este impuesto indirecto que no recae sobre las personas y sus niveles de ingresos, sino que recae sobre los bienes y transacciones que todos realizamos. Esto significa que todos, sin excepción, veremos un aumento en el precio de productos como la gasolina y los alimentos básicos, lo cual es sumamente preocupante para nuestro país.
No obstante, existen alternativas para gobernar en beneficio del bien común y no solo para unos pocos privilegiados. Aquí presento algunas propuestas:
1. Poner un impuesto especial del 15% al patrimonio que mantienen en paraísos fiscales personas y empresas nacionales. Esto implicaría una recaudación de 4.500 millones al año.
2. Suspender, mientras dure el conflicto armado interno, el pago de las obligaciones de deuda externa, especialmente, los bonos negociados ilegítimamente en marzo de 2020 por el ex ministro Richard Martínez y el expresidente Lenin Moreno. Eso implicaría liberar más de 4500 millones de dólares por año para atender las necesidades de los ecuatorianos.
3. Aumentar el impuesto a la renta hasta el 45% a las instituciones financieras, mientras dura el conflicto armado interno, para desestimular el lavado de dinero en el sistema financiero; y, para que los más ricos contribuyan a financiar la lucha contra el crimen organizado. Esto implicaría unos 600 millones al año.
4. Bajar las tasas de interés e indexarlas a las tasas fijadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, para aliviar a los deudores, incentivar la inversión productiva en lugar de la especulación financiera y el rentismo improductivo. Esto implicaría un ahorro o una recuperación de alrededor del 10% de los ingresos de las personas que tienen deudas de tarjetas de crédito, hipotecas y otros tipos de préstamos.
Existen medidas que se pueden tomar para evitar afectar a la clase media y a la clase pobre del Ecuador. Sin embargo, una vez más se recurre a la opción más fácil, sin presentar un presupuesto que nos indique cuánto nos costará la guerra y justifique el aumento del IVA del 12 al 15%. Parece ser que esta medida es lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estado buscando desde hace tiempo.
Nosotros desde la Asamblea Nacional como Bancada Ciudadana siempre velaremos por el bienestar de la gente y en especial de la gente más pobre de nuestro país. ¡Estamos del lado correcto!
Franklin Omar Samaniego Maigua nació el 2 de septiembre de 1971 en la ciudad de Riobamba, Ecuador. Desde una edad temprana, demostró un gran interés por el estudio y el aprendizaje, asistiendo a la Pensionado "Olivo" durante su educación primaria y luego al Colegio "San Felipe Neri" para sus estudios secundarios, ambos en su ciudad natal.
Posteriormente, continuó su formación académica en la Universidad Central del Ecuador, donde se graduó como Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, marcando así el inicio de una destacada carrera en el ámbito legal. Complementó su formación con estudios en la Universidad Católica de Cuenca, donde obtuvo su título de Abogado de los Tribunales de la República y más tarde su Doctorado en Jurisprudencia.
La búsqueda constante de conocimiento llevó a a obtener una especialización en Contratación Pública y Administración del Estado en la Universidad Central del Ecuador, así como una Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), consolidando su experiencia en diversos campos del derecho.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, abarcando áreas como administración de justicia, derecho civil, y legislación relacionada con la gestión pública, entre otros.
Su experiencia laboral incluye roles como Asesor Jurídico en empresas turísticas, Director de Asesoría Jurídica y Gerente en la Empresa Turística Ciudad Mitad del Mundo, así como diversas funciones en el ámbito legislativo, donde ha desempeñado roles destacados como Asambleísta por la Provincia de Pichincha y Vicepresidente de Comisiones Especializadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Ha sido un activo defensor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los trabajadores, participando en varios grupos parlamentarios y demostrando un compromiso constante con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Su dedicación y pasión por el servicio público lo han convertido en un referente en el ámbito legal y político en Ecuador.
