El código orgánico monetario y financiero establece que le BCE tiene como finalidad la instrumentación de las políticas monetaria, terciaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado cuando a través de la ley se le otorgó la obligación de proveer dinero electrónico al país y además de manejar cuentas de ahorro en dinero electrónico se tergiversó la naturaleza del BCE y con eso perdió confianza esta emisión de moneda paralela llamada dinero electrónico. Por eso es importante que la ley elimine toda referencia a la existencia de un dinero electrónico como lo ha presentado el veto. Y fortalecer los medios de pago electrónicos no es intelectualmente honesto afirmar que el dinero electrónico pasa a la banca privada ni que la banca privada va a poder emitir dinero electrónico. Lo que la banca privada va a poder manejar son medios de pago electrónicos que van a fortalecer la economía del país. El veto contiene propuestas que no contribuyen en nada al poco favorecedor texto de la ley, pero que no podemos como legisladores dejar pasar y que queden en perjuicio de nuestros representados. Por ejemplo, el texto a la reforma del COIP elimina la comprobación del dolo para su valoración o sobre valoración de mercancías. No podemos pensar en un escenario más grave en que una persona declare el valor de sus mercancías y la aduana le diga que están sub valoradas sin que existan el dolo de por medio que es esencial para tipificar un delito. Sería gravísimo que ante cualquier indicio de defraudación por su valoración sin que se demuestre dolo, tengamos compatriotas presos. Razón por la cual es imprescindible que nos ratifiquemos en el texto que está en el proyecto. Del mismo modo es necesario ratificarnos en la ampliación del límite para que los GADS se puedan endeudar en vialidad rural y riego. Los GADS carecen de los fondos necesarios para atender estas necesidades básicas de sus ciudadanos, y es por ello necesario, además de permitirles el endeudamiento en alcantarillado y otros servicios, que se incluyan vialidad rural y riego. No existe una razón por la cual estos dos servicios tengan que darse aparte. La ley como está, no satisface las necesidades de reactivación del estado ecuatoriano, es verdad. No la apoyamos en su tiempo. Sin embargo es obligación de todos nosotros como asambleístas que el texto con el que se promulgue la ley sea el más beneficioso o el menos perjudicial para nuestros representados, para quienes nos han puesto aquí y para quienes con su voto dieron la confianza a la asamblea nacional para que hagamos lo mejor en su nombre.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión Del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control | Movimiento - SUMA Visita mi Perfil
