Vivimos en la época de la información, o de la sobre información. Siempre estamos dando nuestros datos a entidades publicas y privadas. Sin embargo, las fugas de información son muy frecuentes. Grandes compañías como Target, Home Depot, o UPS, donde los atacantes lograron obtener más de 40 millones de números de tarjetas de crédito y débito de usuarios. En el 2015, por otra parte, fue conocido el caso de Community Health System, en los Estados Unidos, que fue víctima de la fuga de 4.5 millones de registros médicos.
En nuestro país también hemos tenido gavísimos casos de filtración. Ya fue nombrado el caso famoso “novaestrat”, en el 2019 que comprendió 18 GB filtrados de un servidor de Elastic Search, con información personal, bancaria, financiera y tributaria de los ecuatorianos.
Recordemos en Ecuador ya pasó el registro de títulos falsos en el Senescyt, o también el otorgamiento de licencias de conducir falsas por parte de la ANT.
Sin embargo, la recopilación de toda esta información debería tener múltiples beneficios, y se supone que es a ello a lo que debemos dirigirnos. Recordemos por ejemplo cuando hicimos la Ley de Personas Desaparecidas, decíamos ¿por qué las entidades públicas no recolectan toda la información de las personas que están en hospitales, de las morgues, y así dar con mayor facilidad con el paradero de una persona desaparecida?
Se puede utilizar esta información para la correcta aplicación de políticas públicas, la focalización de subsidios, que tanto debate hemos tenido en los últimos años, la entrega de ayudas estatales. Pero la información errónea o desactualizada, nos puede llevar a tomar decisiones de política pública equivocadas.
Por todo esto es urgente que en Ecuador contemos con una ley de datos personales como la que estamos hoy debatiendo, y por eso es que esta ley tiene todo mi apoyo.
Me hace falta dos cosas: el derecho a la desconexión digital, y el testamento digital. El primero es importante para proteger a las personas de los riesgos relacionados a la hiper conectividad, que reconoce el respeto por el tiempo de descanso, permisos, vacaciones, intimidad, protección de datos personales de los trabajadores. Este derecho lo plasmé en un proyecto de ley que presenté en noviembre, que es una reforma al código de trabajo.
El testamento digital permite a la persona designar a un legatario en el acceso de sus claves y cuentas digitales, para que esta persona pueda decidir qué va a hacer con la información una vez que el propietario fallezca.
Me preocuparía que respecto al derecho al olvido, se abuse de esta figura para eliminar sucesos trascendentales para la historia del país y la toma de decisiones.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión Del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control | Movimiento - SUMA Visita mi Perfil
