Gabriela Rivadeneira aseguró que el verdadero sentido de la normativa es regular los límites a las ganancias ilegítimas, pero también frenar a esos traficantes de tierras que tanto daño le han hecho al país, especialmente a las clases más desprotegidas, que son estafadas por mafias dedicadas a la venta de terrenos a precios exorbitantes, en zonas en las que no están planificadas obras públicas.
Después de la discusión mundial en Hábitat III de la necesidad de construir ciudades justas, equitativas e incluyentes, y las dificultades que genera la especulación para el desarrollo de la vivienda social y el sector inmobiliario, el pasado 1 de diciembre el Ejecutivo envió este proyecto a la Asamblea Nacional, cuyo primer informe ya fue aprobado por la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados para su discusión en el Pleno.
Las expectativas de nuevos desarrollos urbanos y la inversión pública en infraestructura, servicios y mejoramiento urbano, son algunos de los factores que determinan el incremento en el valor del suelo. En las 9 principales ciudades del país alrededor de $ 600 millones han ido a parar a manos privadas debido a intervenciones exclusivas del poder público, como resultado del uso ilegítimo de información privilegiada.
Es necesario resaltar que el impuesto a la plusvalía existe desde el 11 de diciembre de 1970, bajo el Registro Oficial 116 de la misma fecha. Países como Colombia, Brasil, Uruguay, España y México ya cuentan con normativas al respecto.
“Muchos actores de oposición han buscado generar un clima de preocupación desde la desinformación y la tergiversación de la naturaleza del proyecto, señalando que se pondrá un impuesto del 75% sobre las ganancias de la venta de una casa, departamento o terreno. Esto es completamente falso”, agregó Rivadeneira.
Las tasas no se aplicarían sobre el total del valor del bien raíz, sino únicamente sobre las ganancias extraordinarias. Aquel ciudadano que tenga una ganancia normal no va a tener que pagar, quien especula sí.
Respecto a las afirmaciones de algunos actores sobre el supuesto error político de presentar la ley, la presidenta de la Asamblea aseguró que “es una ley necesaria, de redistribución de la riqueza, porque más allá de cálculos puramente electorales, actuamos con responsabilidad política para entregarle al país las leyes que necesita”.
El 100% de lo recaudado por este impuesto irá directamente a los GAD, para la realización de obras de agua potable y alcantarillado.
Asambleísta Nacional | Integrante de la Comisión Del Derecho a la Salud | Visita mi Perfil
