La creación de la Función la de Transparencia y Control Social del Estado, con una instancia de coordinación de organismos de control, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que, además, ante las dificultades para llegar a acuerdos en los nombramientos y designaciones de autoridades de control, tiene como atribución la designación de autoridades, ha distorsionado y politizado indebidamente a esa Función.
En la designación de autoridades de control, estos 10 últimos años, los cuestionamientos se han debido a la vinculación con casos de corrupción y la cercanía de los designados al proyecto político.
La complejidad para seleccionar autoridades de control depende de la madurez de la clase política y el compromiso para llegar a acuerdos, responden a una lógica de diálogo como elemento esencial de la democracia. Por se debe exigir amplias mayorías para que estén involucrados los sectores con representantes en el órgano de designación.
La Constitución ecuatoriana contiene los procedimientos sobre la reforma a la Constitución, para esto la Corte Constitucional debe calificar cuál de los procedimientos previstos corresponde en cada caso, a través de un dictamen de procedimiento. En este caso, cuando la iniciativa proviene de la Asamblea Nacional, antes de dar inicio al proceso de aprobación legislativa, se debe anexar un escrito en el que se sugiera el procedimiento a seguir.
Por lo tanto se presenta este Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución para que sea la Asamblea Nacional la que, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros designen a las autoridades de control y así, eliminar esta competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión De Justicia y Estructura del Estado | Movimiento SUMA Visita mi Perfil
