Lo de Édgar Lama es gravísimo. No estamos hablando de un simple caso administrativo, estamos hablando de nepotismo y tráfico de influencias descarado, de cómo se reparten los cargos y los contratos como si el Estado fuera una empresa familiar.
Y lo del caso Cachorro es igual o peor. Ciento noventa y seis kilos de droga dentro de una hacienda vinculada al grupo Noboa, y lo único que detienen es a un guardia. ¿Y los dueños? ¿Los administradores? ¿Los que realmente se benefician? Silencio total.
Es indignante. Aquí la justicia actúa rápido cuando se trata de un ciudadano común, pero cuando el poder tiene apellido, de pronto todo se vuelve “investigación en curso”.
Asambleísta por la provincia de Pichincha
