Como miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, durante la sesión del 27 de mayo expresé con firmeza mi preocupación frente al tratamiento de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
En mi intervención destaqué que si bien comparto la urgencia de combatir el crimen organizado y fortalecer las finanzas públicas, esta ley tal como fue planteada tiene impactos negativos profundos sobre regiones como Galápagos, que ya enfrentan condiciones económicas y logísticas excepcionales.
Recalqué que no se puede aplicar una misma receta fiscal para todo el país sin considerar la realidad insular. Las cargas económicas y operativas que enfrentamos son mucho mayores debido a nuestra ubicación geográfica y dependencia del continente. En ese contexto, pedí que se evalúen mecanismos compensatorios y excepciones específicas para Galápagos.
Mi compromiso es claro: defenderé a las islas con argumentos y convicción, porque la solidaridad no puede ser sinónimo de sacrificio injusto para los más vulnerables o aislados.
Seguiré insistiendo en que toda ley nacional debe reconocer las realidades distintas de cada territorio, y especialmente la de Galápagos.
Asambleísta por la provincia de Galápagos
