La Patria tiene derecho a un futuro representado en su infancia. Y las niños y niños tienen derecho a una Patria que los proteja como su tesoro más valioso.
Pero en estas semanas nos hemos conmovido y horrorizado con el descubrimiento de una serie de delitos sexuales cometidos en establecimientos educativos, tanto público como privados, que señalan la magnitud de los crímenes cometidos contra los estudiantes y la constancia de un abuso que parecía esporádico al inicio de las investigaciones, pero que paso a paso se revela como una práctica consuetudinaria que no ha sido prevenida con suficiente fuerza, tal vez por desconocimiento de las proporciones que habían alcanzado estos delitos.
Hablar de cientos (y tal vez miles) de niños y niñas sometidos a torturas diarias es algo inaceptable. Expresamos nuestra solidaridad a las familias, sabemos que se sacrifican todos los días para darles a sus hijos la mejor educación posible, sabemos que confiaron en los maestros y que han sido testigos del doloroso cambio de sus hijos e hijas. Ante esas familias nos comprometemos para trabajar desde la Asamblea y presionar para que las investigaciones no se detengan. Vamos a acompañarlas hasta que reciban una reparación integral.
A los abusadores les decimos que no tendrán descanso, que las y los maestros los van a denunciar, que las autoridades los van a descubrir, que nunca más habrá encubrimientos o gestos de mirar hacia otro lado, que las familias los van a señalar y que toda la fuerza pública, con el poder de las leyes, los van a perseguir hasta retenerlos, juzgarlos y sentenciarlos como se merecen, aunque los crímenes se hayan cometido muchos años antes.
Toda la sociedad debe unirse para proteger a las niñas y los niños, actuar como una sola gran familia y contestar que SÍ en la pregunta número 4 de la Consulta Popular que se avecina, para determinar que los delitos de naturaleza sexual perpetrados contra las niñas y los niños de Ecuador sean imprescriptibles.
Terminar con la impunidad es el espíritu que impulsó a la Asamblea Nacional a plantearle al pueblo ecuatoriano esta Pregunta. Eso en cuanto al futuro inmediato.
Pero ante la emergencia del presente, la cuestión de prevenir los abusos en las escuelas y colegios es una prioridad absoluta y así lo afrontamos.
En su momento, en otros espacios de servicio público nos jugamos la vida para lograr que disminuyeran los índices de muertes violentas a menos de un dígito, algo que no habíamos tenido por más de 20 años.
Con ese mismo compromiso trabajamos de manera intensa para entregarle al país una Ley que prevenga todos los tipos de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Y con un juramento solemne nos comprometemos con toda la fuerza legislativa y fiscalizadora de esta Asamblea a trabajar para que los casos de abusos sexuales no queden impunes.
¡Que se cumplan las leyes que protegen a la infancia! En la Función Legislativa se han creado instrumentos legales que deben aplicarse en su totalidad.
En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se incluyeron ya 12 artículos que castigan los delitos sexuales de abuso, acoso, pornografía infantil, violación, explotación sexual comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes. También se estableció como un agravante ser parte del círculo familiar o de maestros, en consideración de que 9 de cada 10 agresores sexuales de niños están en la familia, escuela o iglesia, según la Fiscalía.
Sabemos que en el país casi el 60 % de las mujeres han sido víctimas de alguna clase de violencia, pero debemos alertar a la sociedad entera, cuando las niñas y adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas en un 80 % de los casos.
Además, a esta estadística debemos añadir que entre 1500 y 2000 niñas ecuatorianas menores de 14 años ya son madres, según datos del INEC, y que en un abrumador 80 % de los casos, el embarazo se produjo por violadores que se encuentran en el entorno más cercano de la víctima.
Las secuelas de los abusos a menores son terribles y muchas veces inconmensurables. Las estadísticas revelan dolor y daños irreparables para miles de niños: entre 2014 y 2017 el Ministerio de Educación ha receptado 882 denuncias por delitos sexuales en los colegios del país. Más de 560, es decir, el 63 % son por delitos cometidos por personas vinculadas al sistema educativo. Solo podemos decir: ¡nunca más!
Por eso, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió llamar para la próxima semana al Ministro de Educación, a los dos últimos exministros del ramo, al Fiscal General del Estado y al Presidente del Consejo de la Judicatura, para que informen las acciones que han adoptado.
Desde la Asamblea actuamos: apenas empezaron las denuncias se conformó la Comisión Especializada denominada Aampetra, para investigar estos actos execrables. Será esta Comisión la que reciba a las autoridades, para pedirles explicaciones y rendición de cuentas.
Como familia ecuatoriana, vamos a terminar con esta crueldad y a decir con claridad en la Consulta Popular que ¡nunca más quedarán impunes los delitos sexuales contra las niñas y los niños de Ecuador!
Asambleísta Nacional | Presidente de la Comisión De Justicia y Estructura del Estado | Movimiento Patria Altiva i Soberana. Visita mi Perfil
