Cuenca y los cuencanos siempre han estado presentes para levantar su voz altiva y firme en la consecución de una nación representada en los distintos sectores del país, tanto es así que desde el inicio de la república en 1830 se crean los departamentos de Azuay, Guayas y Quito, como una expresión política de las regiones, años más tarde en los regímenes conservadores de García Moreno y sus sucesores se buscó la reducción de los poderes regionales, la centralización de las rentas y el manejo de la educación con la permanente confrontación desde los actores locales cuencanos que mantenían sus reparos hacia un modelo centralista.
Luego, con la Revolución Liberal y acorde al momento histórico post libertario en América Latina se estructuró una corriente de fortalecimiento del Estado central como mecanismo de consolidación de las naciones y fomento del desarrollo asentado en la educación laica y gratuita, la ejecución de obras públicas tales como vías, trenes, entre otros. Luego con el avance en las comunicaciones, con El Telégrafo y, quizá durante el primer siglo como consolidación de la república, el centralismo era lo que cabía, conforme las circunstancias políticas y el momento histórico. Pero al día de hoy las circunstancias son totalmente diferentes y vemos con estupor como se retrocede a diario frente a un modelo descentralizado y desconcentrado que se consolidó con la Revolución Ciudadana y que pone en peligro el desarrollo de nuestras regiones y ciudades.
En el caso de Azuay, se pueden citar los siguientes retrocesos:
Recorte de partidas presupuestarias en distintas áreas: educación, salud, desarrollo social, ocasionando el deterioro en la calidad de los servicios.
Recorte presupuestario para el mantenimiento vial y la conectividad fundamental para el desarrollo del turismo, la producción y el comercio.
Eliminación de direcciones y coordinaciones zonales, para citar dos casos, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Justicia.
Centralización de los procesos administrativos ¡todo se hace desde Quito!, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, los funcionarios se han convertido en verdaderos “pasa papeles”.
El desmantelamiento de las oficinas de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) en Azuay, misma que aporta con cerca del 50% de la generación de energía del país, institución que tiene un gerente y directivos que no se los conoce en la matriz de Cuenca, debido a que todo se despacha desde Quito.
En el ámbito de la justicia, solo por citar un ejemplo, a más del recorte presupuestario, se eliminó la sede de la Escuela Judicial, la oficina de la Corte Constitucional que recibía la documentación de los abogados con respecto a sus procesos; hoy también tienen que trasladarse a Quito.
En el ámbito de la cultura, con la venia del exministro Raúl Pérez, se asignaron los recursos a los diferentes núcleos del país contrariamente a lo que establece la fórmula dispuesta en la Ley Orgánica de Cultura y su Reglamento, quedándose el 51% del presupuesto en la sede nacional ubicada en Quito; y en el caso del nucleo provincial del Azuay perjudicando al sector cultural con alrededor de 200.000 dólares menos en su presupuesto.
En otras Funciones del Estado, como la de Transparencia y Control Social, se expiden nuevos estatutos orgánicos como el emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el cual remplaza intendencias zonales por coordinaciones zonales, además de eliminar unidades de auditoría, asesoría jurídica, talento humano y administrativa en las provincias, centralizando los servicios en Quito, a tal nivel que hoy también se convierten en unidades “pasa papeles.”
Y como si esto fuera poco, el 4 de junio de 2019 con un evidente y atentatorio acuerdo interministerial entre los Ministerios de Trabajo, Finanzas y SENPLADES, se resolvió establecer en la escala salarial de 10 grados correspondiente al Nivel Jerárquico Superior, en franca discriminación para las provincias, por el mero hecho de ser tales, un techo para el nivel directivo de las unidades desconcentradas, limitando los derechos salariales de los servidores hasta el nivel 2, contrariando toda norma constitucional.
Y si vamos al ámbito de la asignación de los recursos conforme las autonomías parroquiales, municipales y provinciales, estos gobiernos locales hoy tienen que mendigar por presupuesto, contentarse con las dádivas, estar a la expensa de los condicionamientos políticos o las audiencias con los políticos agenciosos del gobierno de turno para negociar los tiempos de entrega de los recursos que por ley les corresponde.
¿Hasta cuándo los azuayos tenemos que seguir soportando este verdadero maltrato a nuestra provincia? Se necesita una reacción respetuosa pero firme de las autoridades locales, es momento de que pierdan el miedo y vean más allá de las banderas políticas. Debemos estar unidos por una sola voluntad férrea de defender a nuestros habitantes levantando nuestra voz ante la desidia de las autoridades nacionales. Es necesario que los sectores sociales, gremios, sindicatos, asociaciones, federaciones, colegios profesionales, así como los sectores productivos del Azuay; y, las diferentes cámaras de agricultura, industria, turismo, comercio, minería, construcción, actores fundamentales en la generación de empleo, puedan sumarse en la construcción de una agenda provincial que mire a la región como un actor determinante en el desarrollo del país, con la consecuente atención del Gobierno Nacional y la retribución en obras, recursos y capacidades locales por los casi 670 millones de dólares que se contribuyen anualmente en impuestos desde la provincia del Azuay.
Desde nuestro ámbito, como ciudadano y asambleísta del Azuay seguiré impulsando acciones y reuniones al interior de la Asamblea y fuera de ella que nos permitan sumar voluntades más allá de nuestras ideologías para defender a los azuayos y a los cuencanos. Así como a seguir impulsando, el cabal cumplimiento en las asignaciones que por Ley nos corresponde.
Asambleísta por la provincia de Azuay |
