Hay un país que se mide en decretos y anuncios, y hay otro que se mide en camillas ocupadas, frascos vacíos y turnos que nunca llegan. En el Ecuador de Daniel Noboa, esos dos países se han distanciado tanto que ya casi no se reconocen. Mientras el discurso oficial habla de compras masivas de medicinas y de una nueva empresa pública que promete ordenar el caos, en el Hospital Eugenio Espejo el abastecimiento general apenas roza el 44% y el área de odontología sobrevive con un 9%: nueve de cada cien pacientes que necesitan un procedimiento dental encuentran lo que fueron a buscar. El resto encuentra una lista de espera y una disculpa.
El síntoma más visible de esta enfermedad no está en los pasillos de un hospital, sino en la puerta del despacho ministerial. Noboa lleva menos de tres años en el poder y ya ha tenido ocho ministros de Salud. Ocho. Uno detrás de otro, como en el juego tradicional de la silla, que al momento en que se detiene la música, nadie logra ganar: Franklin Encalada, Manuel Naranjo, Édgar Lama, Juan Bernardo Sánchez, Jimmy Delgado, María José Pinto como encargada, Jaime Erazo, y ahora Juan Carlos Aveiga, designado apenas este 10 de julio. La vida institucional promedio de un ministro de Salud en este gobierno es de cuatro meses y una semana: el tiempo que tarda un tratamiento oncológico en completar un solo ciclo es, muchas veces, más largo que la gestión del funcionario que debía garantizarlo. Para dimensionar el despropósito basta un contraste incómodo: ni siquiera Lenín Moreno, cuyo gobierno quedó marcado por la inestabilidad y el ajuste, llegó a este extremo. Moreno tuvo seis ministros en cuatro años. Noboa ya lo superó en menos de la mitad del tiempo. No se trata de mala suerte ni de funcionarios díscolos: es la fotografía de un sistema que no logra sostener un rumbo el tiempo suficiente para que una política pública, cualquiera que sea, alcance a dar resultados antes de que llegue el siguiente relevo.
Y detrás de cada ministro que se va, queda una cartera que factura promesas que no puede pagar. El presupuesto de salud para 2026 luce, sobre el papel, generoso: más de 5.500 millones de dólares codificados. Pero de esa cifra, solo 2.600 millones están efectivamente financiados. La mitad es aire. Con las medicinas ocurre lo mismo, solo que con una trayectoria más dolorosa todavía: en 2023 el país contó con 440 millones de dólares reales para comprar fármacos; para 2026 ese monto se desplomó a 266 millones efectivamente financiados. Y en el rubro de equipos médicos, donde se codificaron 2.741 millones de dólares, la ejecución real es de exactamente cero por ciento. No es una cifra baja: es una cifra que no existe. Mientras tanto, la deuda del Estado con clínicas privadas, dializadoras y con Solca —la fundación que atiende a los pacientes de cáncer del país— ya suma 1.340 millones de dólares. Son las mismas instituciones que sostienen, con su propio riesgo financiero, lo que el Estado dejó de pagar.
Ese vacío lo terminan llenando los propios ecuatorianos, de su bolsillo, en la farmacia de la esquina. El gasto de bolsillo en salud —lo que una familia paga directamente porque el sistema público no llegó a tiempo o no llegó del todo— se mantuvo entre el 30% y el 32% durante buena parte de la década pasada. Hoy ronda el 40%. Es, en otras palabras, un impuesto invisible: lo cobra la enfermedad, y lo pagan quienes menos margen tienen para hacerlo.
El 24 de mayo, en su Informe a la Nación, Noboa anunció la solución: una compra masiva de medicamentos a la India y la creación de una nueva empresa pública, la AIL EP (Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud), para ordenar el abastecimiento. Su ministra de Gobierno, Nataly Morillo, fue más allá y puso fecha: los resultados se verían "en un máximo de tres semanas". Pasaron esas tres semanas, y pasó una más. El 26 de junio, la Federación Médica Ecuatoriana fue tajante: no había mejoras significativas que mostrar, y nadie en el Ministerio podía explicar con claridad la logística ni la trazabilidad de esa compra. El 11 de julio, un exsubsecretario de Salud puso en evidencia la distancia entre el calendario político y el calendario real: procesos de importación como este, dijo, suelen tardar entre tres y seis meses en llegar a un hospital. La ministra prometió semanas. La experiencia técnica hablaba de medio año. Entre esas dos cifras vive, hoy, cada paciente ecuatoriano que espera.
Los números, sin embargo, se quedan cortos cuando se les pone un rostro. En el Hospital Baca Ortiz, de nueve quirófanos, apenas dos funcionan con regularidad: no porque falte infraestructura, sino porque faltan anestesiólogos, un cuello de botella que arrastra el sistema desde 2022 y que nadie, en ninguna de las ocho gestiones ministeriales, ha logrado destrabar. Trescientos pacientes trasplantados reclamaron este 10 de julio los inmunosupresores que evitan que su cuerpo rechace el órgano que les salvó la vida. Una representante de la fundación que agrupa a esos enfermos lo resumió mejor que cualquier informe oficial: cuando se habla de salud no se habla solo de estructuras, sino de lo que ocurre cuando una familia recibe un diagnóstico y descubre que su vida cambiará para siempre. En el cantón Taisha, el 10 de diciembre pasado, ese cambio para siempre llegó de la peor manera posible: menores de edad murieron en medio de denuncias de desabastecimiento que nadie había atendido a tiempo.
Frente a todo esto, la respuesta oficial ha oscilado entre el anuncio y la descalificación. Cuando la Alianza Nacional por la Salud recordó que el propio gobierno había prometido resolver el abastecimiento en marzo y no lo cumplió, la pregunta que quedó en el aire —¿cuál es el plan de contingencia mientras tanto?— no ha sido respondida. Y cuando arreciaron las críticas, la ministra de Gobierno prefirió hablar de la "vieja política" que "siempre quiere oponerse", en lugar de hablar de quirófanos cerrados o de pacientes sin inmunosupresores. Hasta una exministra de Salud, ajena ya a la trinchera política, lo dijo sin rodeos: la gestión se mide en resultados, y resultados no se ven.
Ecuador tiene hoy una crisis de salud: de plata que se promete y no llega, y de un Estado que cambia de responsable cada cuatro meses mientras la fila de pacientes sigue creciendo. Se puede gobernar sin experiencia. Es mucho más difícil gobernar sin memoria, sin cumplir un plazo o asumir un cargo para el que no se está preparado. Esa es, hoy, la verdadera ficha clínica del sistema de salud ecuatoriano.
Hijo, hermano, comprometido con la justicia social y la dignidad humana.
Experiencia laboral
