Para un gobierno autoritario, que busca concentrar cada vez más poder, no hace falta ganarle a un adversario político en las urnas. Basta con impedir que llegue a ellas. Esto es lo que pasa ahora en nuestro país, donde se atenta una y otra vez a la democracia, el derecho y la libertad de elegir y ser elegidos se suspende desde el gobierno. Eso ocurrió la semana pasada con la suspensión del Movimiento Amigo y así la quinta vez en nueve años que la Revolución Ciudadana, corriente política que representa a millones de personas, se queda sin la sigla y la casilla con la que pensaba competir.
El argumento suena impecable en el papel: una investigación previa por presunto lavado de activos, con base en la cual el Tribunal Contencioso Electoral suspendió al movimiento por pedido del fiscal general encargado. Pero basta mirar el calendario electoral para que el argumento legal se desvanezca. El fiscal encargado, Leonardo Alarcón, notificó su investigación el 16 de julio. El TCE resolvió al día siguiente. Y el plazo para que cualquier organización política registrara alianzas electorales vencía apenas veinticuatro horas después, el 18 de julio a las 23:59. No hubo tiempo para litigar, para apelar, para buscar una alternativa legal.
Quienes hoy administran la justicia electoral en Ecuador no necesitan inventar un fraude para anular a un rival. Les basta con administrar los tiempos. Y los tiempos, en este caso, se manejaron con una precisión que ningún proceso judicial exhibe jamás para investigar delitos reales: entidades financieras que sí lavan activos, contratistas que sí sobrefacturan al Estado, funcionarios que sí se enriquecen en el cargo, homicidios que ocurren en contextos tan preocupantes como el caso de Mónika Silva, que incluso podría estar relacionado con el poder político. Para esos casos, el sistema judicial suele necesitar años, y muchas veces llegan a nada. Para suspender a un partido político, necesitó un día.
Primero adelantaron ilegalmente las elecciones seccionales para noviembre de este año, después proscribieron a la Revolución Ciudadana, luego a cuatro alcaldes de capitales provinciales que buscaban la reelección, mantienen privado de la libertad a Aquiles Álvarez más de cuatro meses, y ahora al partido que era el medio para participar en las seccionales, de la auténtica oposición al gobierno de Noboa. Cada vez que el correísmo encuentra una puerta legal para competir, esa puerta se cierra antes de la siguiente elección. La Revolución Ciudadana lleva nueve años cambiando de número en la papeleta de la lista 35 a la 5, de ahí a la 1, de regreso a la 5 y esta vez corría por la 16.
El gobierno Noboa quiere vender esto como un asunto exclusivamente judicial, ajeno a la política. Pero un fiscal “encargado” —sin la legitimidad de un nombramiento definitivo— pidiéndole a un tribunal que suspenda a un movimiento o partido político, no es neutralidad institucional: es el uso de la ley como arma política, de un gobierno autoritario que concentra el poder en una pequeña élite, suprimiendo las libertades individuales, anulando la oposición, censura los medios de comunicación y restringe los derechos políticos.
La pregunta que debemos hacernos todo ciudadano, milite o no en la oposición, no es si la Revolución Ciudadana pueda o no participar. Es más simple e incómoda: ¿puede llamarse elección a un proceso donde el número de opciones disponibles lo decide, cada vez, el mismo poder al que se compite?.
Hijo, hermano, comprometido con la justicia social y la dignidad humana.
Experiencia laboral
