El 17 de agosto se cerró el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales adelantadas de este año. El 20 de agosto concluyó también el periodo para presentar impugnaciones ante las juntas provinciales electorales y, como era previsible, sigue el empeño del gobierno autoritario de Noboa por borrar de la papeleta a los candidatos de la Revolución Ciudadana.
A la suspensión de la Revolución Ciudadana, le siguió la del movimiento AMIGO, cuya suspensión se dio por una investigación reservada de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos, originada a partir de una denuncia anónima receptada a través de la línea 1800-Delitos. Así lo declaró, sin sonrojo alguno, el propio fiscal encargado, Carlos Alarcón. Muy efectivos para justificar, con una llamada anónima, el atentado contra nuestra democracia, pero inútiles para atender tantas denuncias por crímenes que quedan impunes. Entre 2020 y 2025, apenas el 2,4 % de todas las denuncias que ingresaron a fiscalía obtuvo sentencia; es decir, de cada 100 denuncias, aproximadamente 97 no logran resolverse penalmente, porque la gran mayoría termina archivada o estancada permanentemente en investigación previa por falta de personal, entre otras razones. Prioridades, al parecer, no faltan.
Volvamos a la coyuntura electoral. Luisa González, quien con toda probabilidad arrasará en la elección para la prefectura de Manabí, llegó a un acuerdo para participar con Pachakutik e inscribió así su candidatura, en concordancia con el antecedente de las elecciones presidenciales de 2025, cuando se logró la unión de las izquierdas y se firmaron los acuerdos de Tixán, en Chimborazo.
Sin embargo, la candidatura de Luisa recibió dos impugnaciones ante la junta provincial electoral de Manabí: una del Movimiento CREO, del fracasado expresidente Lasso, y otra del movimiento oficialista ADN, presentada por Mishel Mancheno, actual presidenta de la Asamblea Nacional, respondiendo a la lógica del gobierno de suspender movimientos y a opositores políticos, por supuesto a aquellos que pueden ganar las elecciones y superar por mucho a sus candidatos —esos que no despiertan emoción alguna, o sí: desprecio y rechazo—. La gente no quiere que el modelo del gobierno nacional se acerque a los gobiernos locales, y eso se lee en el 80 % de rechazo ciudadano al gobierno de Noboa.
Y la junta provincial de Manabí ya resolvió negar la inscripción de Luisa. No nos debemos engañar: no es la junta actuando de manera independiente, sino que le hace el juego y es funcional a Noboa.
Corresponde ahora rechazar esta la resolución de la junta provincial, y acudir al pleno del CNE nacional y al Tribunal Contencioso Electoral. Aquel argumento —que no cumpliría con el requisito interno de Pachakutik relacionado con la permanencia mínima de dos años como integrante del movimiento— no tiene sentido: es una resolución burda. El Código de la Democracia y la misma Constitución son claros y explícitos. El artículo 112, sobre la representación política, indica que los partidos y movimientos políticos, o sus alianzas, podrán presentar como candidatas de elección popular a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas. Por mayor esfuerzo de imaginación que haga el gobierno para arrebatar el derecho a elegir y ser elegido en forma libre —y ya son bastantes los obstáculos que deben sortear los candidatos de la Revolución Ciudadana—, que al menos no insulte la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Pedir coherencia, ya se sabe, es pedir demasiado.
Hijo, hermano, comprometido con la justicia social y la dignidad humana.
Experiencia laboral
