Las denuncias de corrupción en torno a los contratos de Odebretch con el Estado Ecuatoriano, conmocionaron a todo el país. Por ello, los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, convocamos al Procurador General del Estado, Diego García, para que explique qué acciones se han tomado en relación a esas denuncias.
Durante la comparecencia, planteé dos interrogantes al funcionario:
¿Qué documentación o elementos de valoración solicitó y validó para que se autorice nuevamente el retorno de la empresa #Odebretch y se extienda la capacidad de celebrar contratos entre el estado ecuatoriano y la constructora brasileña?
¿Usted realizó el control de legalidad a los contratos suscritos en el país con #Odebretch durante el periodo que ha ejercido como Procurador? ¿Jamás encontró irregularidades al respecto?
El Procurador respondió que la permanencia o no de una empresa en el país no es competencia de la Procuraduría General del Estado, y que la figura mediante la cual se expulsó del país a la empresa brasileña fue un decreto de emergencia con 60 días de vigencia, por lo tanto una vez finalizado ese plazo podía analizarse su retorno en base a los criterios de las instituciones contratantes, y siempre que no haya existido temas administrativos pendientes con la Contraloría General del Estado. Además, García dijo que los contratos se hicieron bajo un marco de supuesta transparencia. “Todos los informes de la contraloría fueron hechos en su momento, no necesitan ser repetidos.”
Durante la comparecencia, el Procurador se manifestó respecto a la admisión del ex Asambleísta César Montufar como acusador particular en el caso, lo cual considera un error del juez que puede acarrear nulidades en el proceso. De igual manera, no descartó vincular a Odebrecht, como persona jurídica, en casos posteriores a la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Asambleísta por la provincia de Los Ríos | Vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado | Independiente Visita mi Perfil
