Asambleísta por Pichincha
Una ley de defensa al consumidor debe estar a la altura de los retos del presente. La propuesta que se debate en la Asamblea Nacional representa un avance, pero también exige mejoras urgentes para responder a la complejidad del comercio electrónico, los contratos digitales y la creciente intermediación de plataformas tecnológicas.
Uno de los principales llamados fue a simplificar y precisar las definiciones legales sobre contratos digitales. Términos como “contrato electrónico de consumo” y “contrato de consumo celebrado a distancia” pueden unificarse para evitar confusiones en su aplicación práctica. Además, es necesario incorporar la figura de los smart contracts, que ya se utilizan en transacciones digitales, pero sin un marco jurídico claro que proteja a los consumidores frente a sus riesgos.
