La asambleísta Marcela Holguín, agradezco y saludo al señor presidente y a mis colegas asambleístas. En primer término, deseo expresar mi acuerdo con la propuesta presentada por el asambleísta José Serrano, dado que refleja lo que nuestra bancada de la Revolución Ciudadana ha sostenido respecto a la ley sugerida por el presidente Moreno. Esta propuesta aboga por dejar de lado las contribuciones a los ecuatorianos, tanto a las empresas como a las personas naturales, en consonancia con una de las banderas de lucha de nuestra bancada. Consideramos crucial eliminar el capítulo relacionado con lo laboral, para complementar el paso inicial hacia un alivio ciudadano genuino y evitar daños a la clase trabajadora.
Es alentador escuchar al presidente de la República referirse a este tema y solicitar dejar de lado los impuestos. Como bancada de la Revolución Ciudadana, hacemos un llamado público al presidente para que se pronuncie en la misma dirección y garantice la exclusión de las propuestas de flexibilización laboral en esta ley humanitaria. Es fundamental aclarar que el proyecto actual propuesto por el presidente, con un ingreso de 180 dólares mensuales, es desalentador y no refleja un enfoque humanitario genuino. Esto conlleva a imponer formas de esclavitud en pleno siglo 21 y retroceder a épocas de precarización laboral que habíamos superado tras la Revolución Ciudadana. Esta ley humanitaria debe enfocarse en asegurar alimentación, salud y empleo para los ecuatorianos, en lugar de profundizar la pobreza y desigualdad.
Preocupa la posibilidad de facilitar despidos, como se observa en el artículo 269 numeral 6 del Código de Trabajo, y la manera en que se ha vulnerado los derechos laborales. Por ejemplo, la aplicación del artículo 169, que afectó a trabajadores con años de servicio, evidencia esta situación. La ley actual podría validar estas acciones ilegales si se considera retroactiva. Es imperativo eliminar los aspectos laborales de esta ley para enfocarnos verdaderamente en aliviar a los ciudadanos afectados por la crisis. Esta ley no aborda adecuadamente la ayuda a comerciantes, autónomos o créditos hipotecarios. Proponemos declarar al COVID como enfermedad profesional para proteger a los trabajadores contagiados. Es tiempo de unirnos por el bienestar de los ecuatorianos, sin permitir que intereses oscuros prevalezcan sobre el bienestar común.
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