Se propone desestructurar el Estado nacional, crear una serie de grupos armados para que no haya el ejercicio de la unidad de mando en los temas de seguridad y defensa, dijo la asambleísta María Augusta Calle y el especialista en temas de seguridad, Christian Mejía, se refirieron a temas puntuales plateados en el plan de gobierno del candidato por la alianza SUMA-CREO, Guillermo Lasso. Específicamente, una propuesta de querer privatizar la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, lo cual implicaría la desestructuración del Estado nacional.
Dando lectura textualmente, Calle reiteró que la ciudadanía debe conocer que, en la página 45 del plan de Gobierno de Guillermo Lasso y Andrés Páez, en donde constan sus firmas dice: “Permitir la participación de la empresa privada en el servicio de seguridad ciudadana –bajo el supuesto- de fortalecer la seguridad ciudadana ampliando otras modalidades que complementen el rol de la Policía Nacional”.
“Esta propuesta en los cuadros para verificación del cumplimiento de los objetivos, en el numeral 6, en el 6.3. En el 6.2 se dice que se va a privatizar las áreas verdes: Se dice que se va a transferir la gestión de áreas verdes a la sociedad civil o a las empresas privadas. Es decir, olvídense de ir a hacer camping en el Ilaló porque eso ya va a costar”, comentó.
Agregando que lo mismo pasará en los parques nacionales y que, por ejemplo, subir al Cotopaxi va a costar porque se les encarga de la gestión a la empresa privada, cuya función es tener ingresos y ganancias. “Se le entrega la gestión de las áreas verdes a la empresa privada, eso lo dicen en el 6,2”.
“Pero, en el 6.3, se habla de privatizar la Policía Nacional. Esta no es una propuesta nueva, ni es una metedura de pata, esta fue la propuesta de campaña del asambleísta Diego Salgado en el 2013. Ellos creen que la seguridad debe ser descentralizada, que no debe ser monopolio del Estado el garantizar la seguridad ciudadana, sino que debe ser diversificada y descentralizarla en diferentes territorios, entregarla a los municipios”, mencionó.
Añadiendo que los municipios, para poder cumplir con dar el servicio de seguridad al ciudadano, lo que tendrían que hacer es tener el apoyo de la o las empresas privadas de seguridad. “Con esto se está atentando contra el derecho constitucional de la ciudadanía a la seguridad pues los únicos que van a tener el derecho a recibirla van a ser aquellos quienes la puedan pagar”.
“Además, se está atentando contra la carrera profesional de una Policía Nacional que, especialmente en estos últimos 10 años, ha tenido una enorme transformación porque, como lo dice el señor Lasso, va a haber policías más baratos y otros más caros. No van a tener que velar porque un policía tenga toda una profesionalización y una carrera, sino que les va a bastar contratar a guardias de seguridad privada que no tienen ni acceso a la seguridad social, ni estabilidad laboral y que ganan US$370 dólares al mes”, señaló.
Mejía, de su lado, explicó que cuando se habla de seguridad ciudadana se refiere también a conceptos enfatizando en que la seguridad ciudadana es la capacidad del Estado de consolidar las políticas necesarias para la erradicación de la violencia de la sociedad y la convivencia pacífica de sus miembros.
“A partir de esta conceptualización concebimos políticas públicas a nivel nacional. Es decir, planteamos que qué, el cómo y todos los objetivos que queremos conseguir. Para conseguir una sociedad más pacífica y segura, nosotros hemos concebido la necesidad de una Policía Nacional más fuerte, más estructurada, más capaz”, refirió.
Al tiempo de manifestar que es por eso que la sociedad ve la necesidad de invertir, de 10 años, hasta la actualidad, más de US$830 millones de dólares. Solo en 2016 se invierten US$44 millones en la Policía Nacional. “Esto no es solo un gasto, es una inversión. Cuando nosotros hablamos de una sociedad más pacífica, hablamos de una sociedad en la que la gente puede desarrollarse”.
“Cuando cambiamos ese esquema, cuando presentamos un modelo de ‘vanguardia’ o muy moderno al desestructurar el sistema nacional de seguridad y ponerlo en manos de municipios o GADs, no estamos entrando en el diseño de un Estado nación, sino de un Estado feudal. Es retroceder casi mil años porque vamos a tener señores de la guerra que pueden contar con ejércitos propios y que, de alguna manera, no van a responder al Estado central”, dijo.
De lo que se está hablando, continuó, es de GADs que puedan pagar el servicio y de los que no puedan. “Si no tienen para cancelar, implica que va a haber proveedores privados en la seguridad. En términos extremos, no hay Policía Nacional, hay policía privada a la que yo le puedo pagar: Si pago más tengo un servicio de mejor calidad”.
“Entonces, no importa si nosotros tenemos una Policía Nacional que ha venido siendo estructurada, capacitada y repotenciada. Si la desaparecemos hay vacíos, no solo de seguridad, sino hasta legales porque no se habla de regularización”, expresó.
La asambleísta indicó también que, dentro del plan de Lasso y Páez, se habla de que los campesinos vuelvan a estar armados nuevamente: “El re armaje de la ciudadanía para que se auto defiendan. Esto es gravísimo, el armar a una sociedad, proponer una sociedad armada, un país desestructurado, proponer –como lo dijo en una emisora el candidato banquero- que los municipios deben tener su propia policía, de tal forma que si tienen alguna diferencia con el Gobierno central, tengan ellos su capacidad de presión armada”.
“Están planteando desestructurar el Estado nacional, están planteando crear una serie de grupos armados para que, en este país no haya el ejercicio de la unidad de mando en los temas de seguridad y defensa. Están planteando romperle a la Patria”, enfatizó Calle durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/Radio.
Christian Mejía recordó que estos planteamientos no son nuevos y hay modelos que ya han sido planteados. El más cercano, guardando las distancias del caso, es México. “Allí se propuso la reestructuración o el diseño del Estado mexicano desde 1980 acompañado de una ola de privatización que, en ese tiempo, corría por toda la región”.
“Se habló de reducir el tamaño del Estado, una parte era la reducción del sector seguridad. Lo que se hizo fue algo parecido a lo planteado por el candidato Guillermo Lasso, se les dio, a ciertos sectores y estructuras políticas e, incluso, a gobernaciones; la capacidad de poder tener sus propias fuerzas”, relató.
Cabe resaltar que en México hay cinco policías trabajando: La de tránsito, la de seguridad, de investigaciones, la de manejo judicial y la de embajadas. La asambleísta Calle remarcó que, recientemente, en la Asamblea Constituyente mexicana, ese fue uno de los puntos más debatidos porque no funciona. “Hay muchos y no hay ninguno. La ciudadanía no tiene el más mínimo resguardo. Ese fue uno de los mayores puntos y se vio la necesidad de, nuevamente, tener una unidad de mando de temas de seguridad”.
Mejía opinó que cuando se ve el plan se intenta, incluso, presentarlo como una capacidad estatal que se delega. “Cuando nosotros hablamos de seguridad, hablamos de presencia del Estado. En México no hay presencia del Estado: Hay muchos o pocos, no hay ninguno. Cuando no hay presencia del Estado, la ciudadanía toma su seguridad por sus propias manos y cuando además, se les permite armarse, habrá una violencia generalizada salida de control”.
María Augusta Calle insistió en que lo que está planteando Lasso es grave: “Lo que dijo es que ‘vamos a permitir que puedan defender como varones a sus esposas y a sus hijos’, eso lo mencionó en una entrevista en donde habló de entregar las armas a los campesinos. Es decir, nos están planteando la tierra del más fuerte, del más macho, del que está armado, volver al lejano oeste, a esa época de la barbarie”.
“Eso nos están planteando, por eso es que estamos diciendo, dentro de un esquema de campaña presidencial para desvalorizarle al otro, no. Lo más grave es que esto está escrito, está notarizado, es un plan de gobierno donde hablan de la privatización de la Policía Nacional. ¡Ojo! Policía Nacional, los quieren desaparecer, quieren romper con su carrera. Están proponiendo la mexicanización del Ecuador”, precisó.
Cuestionando además, que en ese mismo plan de gobierno se habla, por ejemplo, de desinversión de todas las empresas públicas para que entren las privadas. “Se habla de privatizar las áreas verdes, la salud, del incremento de la gasolina y del gas. Yo simplemente digo: No nos crean, lean. No lean el plan de Toda una vida de Lenín Moreno, lean el plan de gobierno de Guillermo Lasso y vean si quieren tener un país balcanizado”.
Mejía, por su parte, puntualizó que este programa de gobierno no solo implica un desconocimiento básico de lo que implica la seguridad estatal, de la ciudadanía, sino de la estructura de un Estado-nación. “Cuando nosotros hablamos de todo lo que ya hemos mencionado, hablamos de la erosión del monopolio legítimo de la violencia del Estado. No es solo cuestión de escuchar, sino de leer lo que está escrito porque es muy grave. Hablamos de la vida de las personas”.
La legisladora de PAIS recordó que existen grandes compañías transnacionales de seguridad que tomarán el presupuesto para sus actividades. “No es que no va a haber presupuesto para seguridad, van a reemplazar a la Policía Nacional del Ecuador. Es decir, habrá una pérdida absoluta de soberanía en temas de seguridad. Esperemos que el pueblo entienda este horror que están planteando y que, así como defendemos el derecho de tener un país, también lo hagamos con el derecho a tener la seguridad como un bien supremo para la convivencia pacífica”. (JPM)
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Socióloga y Comunicadora es su formación profesional. Activista por los derechos humanos y el derecho a la comunicación, luchadora por la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la libertad y la just..
